La ONU pide a Sudán que coopere con la CPI en la extradición de al-Bashir

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido a las autoridades de Sudán que cooperen con la Corte Penal Internacional (CPI), que reclama desde la pasada década al expresidente sudanés Omar al-Bashir -depuesto este jueves- acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, presuntamente cometidos en el conflicto de Darfur (2003-2008), el cual dejó un balance de 300.000 muertos. La portavoz de la oficina de la ONU, Ravina Shamdasani, ha señalado en una rueda de prensa que “ya en 2005 una resolución del Consejo de Seguridad pidió al Gobierno de Sudán que brindara la ayuda necesaria al CPI, y continuaremos pidiéndolo».

Este anuncio llega después de que Omar Zain al-Abdin, jefe del comité político del Consejo Militar de transición interino encargado de liderar la transición declarase que al-Bashir no será extraditado a ningún otro país para poder ser juzgado en Sudán: “Nosotros, en nuestro mandato, no entregaremos al presidente al extranjero. Puede que lo juzguemos, pero no lo entregaremos”, han sido sus palabras textuales.

Al-Abdin ha asegurado, además, que entregarán el Gobierno a los civiles una vez que se complete el periodo de transición, que podrá extenderse como máximo durante los dos próximos años: «No tenemos nada que dictar a la gente […] Estamos con las demandas de la gente y por ello hay que acordar una forma civilizada para un diálogo entre todas las partes […] Juro que no os traicionaremos, estamos aquí para vosotros, pero hay que limitar el caos», ha explicado el jefe del comité político. Asimismo, ha afirmado que «el Gobierno será completamente civil», pero ha pedido a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo sobre ese Ejecutivo, que será formado supuestamente en dicho periodo transitorio.

Por ello, al-Abdin ha anunciado también que el Consejo Militar, liderado por el que fuera primer viceministro y ministro de Defensa, Awad Ibn Auf, iniciará rondas de diálogo con los grupos políticos, con el fin de reducir al máximo el periodo de transición y la inestabilidad que lleva acarreada, según el jefe del comité. En este sentido, ha expresado que como máximo se prolongará hasta 2021, pero que podrá durar solo un mes si la transición se desarrolla sin caos.

Mientras, la fuente oficial de Naciones Unidas ha expresado, además, su preocupación por el hecho de que el Ejército de Sudán declarara que la Constitución del país sería suspendida. «Esa Constitución contiene importantes protecciones a los derechos humanos, por lo que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido a las autoridades que actúen con arreglo al estado de derecho y las obligaciones internacionales de Sudán», señaló. Asimismo, añadió que tras el golpe militar de Sudán «no hay indicativos de que el pueblo vaya a participar en este periodo de transición, por lo que pedimos a las autoridades que haya esfuerzos conjuntos para una verdadera participación de la sociedad civil y las voces disidentes».

El derrocamiento de al-Bashir ocurrió después de que miles de manifestantes permanecieran acampados frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas en Jartum, la capital, desde el pasado sábado para pedir el apoyo del Ejército contra el mandato del presidente. Los militares, incluso, llegaron a abrir las puertas del complejo para proteger a los manifestantes de las cargas de las Fuerzas gubernamentales leales a al-Bashir que han dejado decenas de muertos. Las sentadas han sido el último capítulo de cuatro meses de protestas antigubernamentales, iniciadas por la oposición a que el Gobierno subiera el precio del pan y otros productos básicos.

Las Fuerzas de la Libertad del Cambio de Sudán, grupo que aglutina a partidos y grupos opositores, afirmaron que el golpe militar contra al-Bashir es una estrategia del mismo régimen para mantenerse en el poder, por lo que pidieron que continúen las protestas. En esta línea, tras el anuncio del derrocamiento, miles de personas se han vuelto a dirigir a la acampada con banderas de Sudán para seguir reivindicando un traspaso del poder a un Gobierno civil y democrático, mientras que otros ya se han dado por satisfechos y han abandonado las protestas.