Militares arrestan al presidente interino y al primer ministro de Malí

Los militares malienses, descontentos con el nuevo gobierno anunciado por las autoridades de transición, detuvieron el lunes al presidente transitorio, Bah Ndaw, y al primer ministro, Moctar Ouané, en un golpe de Estado que ha sacudido al país, sumido en una profunda crisis desde hace años. La capital, que junto con Malí vio su cuarto golpe de Estado desde la independencia en agosto de 2020, presentaba sin embargo un aire de relativa normalidad el lunes por la noche. «Puedo confirmar que los hombres de Goïta vinieron a buscarme y me llevaron a la casa del presidente, que no está lejos de mi residencia», dijo Ouane en una breve conversación telefónica con la AFP, refiriéndose al hombre fuerte de Malí, el coronel Assimi Goïta, actual vicepresidente de la transición. Después, los dos jefes del Ejecutivo de transición fueron escoltados conducidos a la base militar de Kati, a unos 15 kilómetros de la capital, donde un alto funcionario militar corroboró su presencia.

Estos hechos se produjeron pocas horas después del anuncio de un nuevo Gobierno, todavía dominado por los militares, pero del que han sido destituidos los oficiales cercanos a la junta que tomó el poder tras el golpe de agosto de 2020 y de la que Assimi Goïta era el líder. Al cabo de unas semanas, los coroneles habían instalado autoridades de transición, incluido un presidente, Bah Ndaw -un militar retirado- y un Gobierno dirigido por Moctar Ouane, un civil. A regañadientes, y bajo la presión de la comunidad internacional, se comprometieron a entregar el poder a los civiles elegidos al cabo de 18 meses, y no de tres años como consideraban necesario. La gran incógnita era el lugar que se daría a los militares, especialmente a los cercanos a la antigua junta.

El caso de Malí ejemplifica los riesgos y desafíos que supone la integración de los grupos armados en el Sahel. La formación de nuevos grupos en Malí ha empeorado la crisis social y de seguridad, impulsando la creación de milicias de autodefensa de corte étnico-comunitario que se han radicalizado llegando a atacar directamente a la población civil. Desde 2016 hasta 2020, la situación se ha ido agravando hasta que, en 2020, la inestabilidad e inseguridad junto con los estragos económicos derivados por la pandemia de coronavirus provocaron una crisis política que culminó con el golpe de Estado contra el expresidente maliense Ibrahim Boubacar Keita el 18 de agosto y que se encargó de dirigir el periodo transitorio fijado en 18 meses.

Tras el golpe de Estado del 18 de agosto, se nombró a finales del pasado septiembre al presidente transitorio Ndaw, que sustituyó entonces a la junta militar llamada Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, disuelta posteriormente, pero cuyos miembros fueron nombrados en gobierno transitorio y que se encargó de dirigir el período transitorio. El 14 de mayo, Ndaw disolvió el primer gobierno transitorio y encargó a su primero ministro Ouané la formación de un nuevo gobierno más inclusivo para integrar a representantes de diferentes partidos políticos y de la sociedad civil. Ante la creciente protesta política y social, el primer ministro dimitió hace diez días y fue inmediatamente restituido por el presidente de transición Ndaw, con la tarea de formar un equipo inclusivo.

En el Gobierno anunciado por la presidencia de transición, los militares siguen teniendo los ministerios de Defensa, Seguridad, Administración Territorial y Reconciliación Nacional. Pero entre los cambios anunciados en un comunicado leído en la radio y la televisión públicas, dos miembros de la antigua junta, los coroneles Sadio Camara y Modibo Kone, dejan sus respectivas carteras de Defensa y Seguridad. Han sido sustituidos por los generales Souleymane Doucoure y Mamadou Lamine Ballo, respectivamente. El nuevo Gobierno acoge también -en Educación y Asuntos de la Tierra- a dos ministros miembros de la Unión por la República y la Democracia (URD), principal fuerza política del Movimiento 5-Jun (M5), el colectivo que encabezó la protesta que condujo al derrocamiento del presidente Keïta.

A mediados de abril, las autoridades de transición anunciaron que celebrarían el 31 de octubre un referéndum sobre la largamente prometida revisión de la Constitución y fijaron la fecha de febrero-marzo de 2022 para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas, tras las cuales entregarían el poder a los dirigentes civiles. Pero siguen existiendo dudas sobre su capacidad para cumplir, especialmente ante la continua violencia yihadista y de otro tipo, la renovación de las protestas políticas y los crecientes signos de descontento social. Malí, un país de 19 millones de habitantes, y sus vecinos Níger y Burkina Faso están atrapados en una vorágine de violencia yihadista, intercomunitaria y de otro tipo que ha dejado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

La misión de las Naciones Unidas en Malí, la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y la Unión Europea afirmaron en un comunicado conjunto «su firme apoyo a las autoridades de transición». Rechazaron de antemano cualquier hecho consumado, incluida una posible dimisión forzada de los dirigentes detenidos. En el comunicado, la comunidad internacional, reafirma su apoyo a las autoridades de transición, y pide que el proceso transitorio retome su rumbo para cumplir el plazo acordado en 18 meses.