Maduro expulsa a la embajadora de la UE en respuesta a las nuevas sanciones

En la escalada del enfrentamiento entre el Gobierno de Maduro y la Unión Europea hoy se ha vivido otro capítulo al declarar Venezuela persona ‘non grata’ a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa. Los chavistas le han dado 72 horas para abandonar el país en represalia por las sanciones impuestas desde Bruselas.

Ha sido el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, quien ha comunicado en persona a Brilhante la orden de expulsión, una decisión que responde a «instrucciones» directas de Nicolás Maduro, según ha comunicado la cancillería.

Y para que sea más visible la reacción del Gobierno venezolano a las sanciones de la UE, el Ministerio de Exteriores ha difundido en las redes sociales imágenes del momento en que Arreaza le entrega la orden de expulsión a la embajadora comunitaria.

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro se declara a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Isabel Brilhante Pedrosa, como «persona no grata», tiene 72 horas para abandonar #Venezuela, informa el canciller @jaarreaza #UniónRevolucionaria pic.twitter.com/EVzpGTP9Rk

— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 24, 2021

El jefe de la diplomacia venezolana ha alegado que las circunstancias «no dejan opción», ya que considera que las medidas de presión impulsadas desde la UE violan la Constitución y, en particular, su artículo 1, según el cual el país «es irrevocablemente libre e independiente».

En este sentido, ha añadido que Caracas ha declarado persona ‘non grata’ a la embajadora «porque las circunstancias así lo exigen», porque con las de este lunes ya van más de medio centenar de decisiones relativas a «eso que llaman sanciones», «como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen, ni tampoco legal, para imponer castigo alguno a ciudadanos de otro país».

El Consejo de la UE aprobó el lunes castigos contra 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares venezolanos, en una decisión que pretende aumentar la presión sobre Maduro y que a ojos de Caracas es «anacrónica, intervencionista e injerencista». La Asamblea Nacional surgida de las elecciones de diciembre, dominada por el chavismo, ya había emplazado el martes al Gobierno a expulsar a la embajadora europea como represalia.

El pasado lunes, el Consejo de la Unión Europea decidió ampliar las sanciones contra Venezuela a 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares implicados en el proceso electoral y la violación de derechos fundamentales en el país.

Embargo de armas

Es la respuesta de la UE  a lo que se considera «acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos en el país». Las medidas incluyen el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna. Pese a las sanciones, la UE reitera su posición de mantener contactos con los actores en Venezuela para promover un dialogo pacífico para lograr una salida democrática a la crisis en Venezuela.

Los Veintisiete responden así las elecciones legislativas de diciembre, que no fueron reconocidas al considerar que el proceso no cumplió los estándares democráticos. La decisión afecta entre otros al Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo, y al Ejército venezolano, incluyendo a líderes como Reimigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el máximo órgano de las fuerzas armadas venezolana, al que acusan de la represión.

Entre los políticos ‘chavistas’ afectados por la nueva ronda de sanciones destaca el gobernador de Zulia, Omar Prieto Fernández, al que la UE acusa de menoscabar la democracia y promover las elecciones ilegítimas. También recogen sus amenazas de proclamar la independencia de Zulia si asume el poder un gobierno de transición dirigido por el opositor Juan Guaidó.

Las nuevas restricciones recaen sobre dos diputados de la Asamblea Nacional «no elegida democráticamente» y varios magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano por «usurpar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional» y «menoscabar los derechos de la oposición», en particular la designación unilateral del CNE.

Con esta nueva tanda de sanciones, la lista negra de la UE pasa de 36 a 55 individuos venezolanos responsables, en el ejercicio de sus cargos oficiales, de minar la democracia y violar derechos fundamentales.