VOX pide la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales en Andalucía para investir a Juanma Moreno

VOX ha incluido también la lucha contra la inmigración ilegal entre sus 19 propuestas para permitir la investidura del candidato popular, Juanma Moreno, como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. En concreto, en el punto 5 del documento que la formación de Santiago Abascal ha hecho público este martes y ha trasladado a los populares en plena reunión, se insta al próximo Gobierno andaluz, que lo integrarían PP y Ciudadanos, a iniciar los trámites para la expulsión de 52.000 inmigrantes irregulares en esta región.

Así, la formación voxista reclama al PP el compromiso de «colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados» y señala que «la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía», en un claro ataque al Gobierno en funciones de Susana Díaz.

Además, el partido del juez Francisco Serrano, portavoz de VOX en la Cámara andaluza, emplaza a los populares a «terminar con el efecto llamada» y «suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales». «La Junta promoverá, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal», plantea también VOX en el documento que el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, ha entregado esta tarde el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una reunión en Madrid sin cobertura para la prensa

Evitar el «turismo sanitario»

Junto a estas actuaciones, VOX insta también a PP a trabajar desde el poder ejecutivo y legislativo para evitar el “turismo sanitario” en cooperación con la policía y los consulados de España en el extranjero.

El documento, titulado ‘Propuestas de VOX para la investidura del presidente de la Junta’, comienza exigiendo al nuevo jefe del Gobierno andaluz dos declaraciones institucionales: una, a favor de la apertura de un «proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público», junto a una reforma estatutaria para suprimir el término “realidad nacional”; y otra, «de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox. Con especial condena de los ataques, calumnias y amenazas que se han proferido», remacha este punto.