Vox denuncia a la consejera vasca de Seguridad por permitir la ‘kale borroka’ contra el partido

Vox no va a permitir que se siga amedrentando a sus cargos políticos y simpatizantes en los mítines en el País Vasco. Por eso, la formación liderada por Santiago Abascal ha interpuesto una demanda ante el Juzgado de Instrucción de Barakaldo contra la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, la asociación Sare Antifaxista, así como todas las personas que resultaron identificadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras los incidentes registrados entre el domingo, 21 de junio, y el pasado viernes, 26 de junio, durante los mítines que la formación de Santiago Abascal realizó en el País Vasco.

En un comunicado, Vox ha recordado que, en esos días convocó actos políticos, contra los que Sare Antifaxista, «grupo de extrema izquierda, anunció contramanifestación», y publicó en redes sociales imágenes que identificaban a Vox «con el régimen nazi, elevando la violencia hasta llegar a la agresión verbal y física, el 26 de junio, contra la diputada Rocío de Meer, sufrió el impacto de una piedra en la cara».

En su escrito, la formación explica que los hechos denunciados pueden ser «constitutivos de delitos electorales contemplados en los artículos 146.1.b) y 147 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación con los delitos de amenazas de muerte e insultos articulo 169 a 171 del Código penal, en concurso con el delito de odio contemplado en el artículo 510 Código Penal».

Además, indica que «de la instrucción pudiera acreditarse la comisión de los delitos contemplados en el artículo 407 al 409 del Código Penal, relativos a los delitos de abandono de destino y el de omisión del deber de perseguir delitos contemplados en el Capítulo II, del Título XIX del Código Penal».

En la denuncia presentada, Vox explica que en la celebración de los actos de campaña que realiza la formación, «se está comprobando que se permite la reunión en las inmediaciones de personas cuya finalidad es gritar a los asistentes, insultar, lanzar mensajes disuasorios y amenazar de muerte a todos cuantos acceden a los actos políticos de esta formación».

Se trata, además, de «contramanifestaciones» que están «convenientemente organizadas y anunciadas en redes sociales que se utilizan para su convocatoria», ha asegurado. Por ello, afirma, «también son conocidas por los responsables de seguridad del Gobierno Vasco, del que depende el aseguramiento de los actos políticos de las diversas formaciones políticas concurrentes en las elecciones al Parlamento del País Vasco».

Vox ha denunciado que «en las agresiones ha ido aumentando de forma exponencial el nivel de violencia, como ha quedado patente en los actos celebrados los pasados 19, 21 y 25 de junio, cuando se pasó del intento a la ejecución de agresiones a los integrantes del partido, así como a los participantes en los actos públicos convocados».

«La motivación y finalidad de los actos no son otros que generar odio, violencia y agresividad dirigida contra los miembros del partido Vox», ha asegurado, para añadir que «esta motivación está absolutamente proscrita en nuestro Ordenamiento por ser origen y consecuencia de un delito de odio, ya que se ejerce por el único motivo que es la ideología».

Así, la denuncia solicita que se acuerde la declaración del representante de la asociación querellada; se recaben los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tuvieron intervención en los actos políticos celebrados el 19, 21 y 25 de junio en la Comunidad Autónoma Vasca; y se cite a declarar como investigados a cuantos aparezcan identificados en los mismos como autores de las amenazas, insultos, y altercados denunciados.

Vox también pide que se soliciten las instrucciones remitidas por la Consejería de Seguridad del País Vasco a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinientes en los actos celebrados por este partido y que se soliciten las instrucciones remitidas por la Delegación del Gobierno, si las hubiera, tanto a la Consejería de Seguridad del País Vasco como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con los actos políticos, así como «todas aquellas que sean necesarias para el descubrimiento de los responsables y aseguramiento de las pruebas de los delito».

Por último, la formación solicita que la policía judicial proceda a «comprobar y asegurar los enlaces que se han remitido junto con la denuncia en los que se relatan las agresiones a las personas que acuden a estos actos con el objeto de evitar que sean borrados».