Velasco acusa al ex presidente de la Diputación de León, a un alcalde y a De Pedro de malversación

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha conformado la pieza de la trama ‘Púnica’, denominada ‘Pieza 2 León’, en el que acusa al expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez, al alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, y al empresario Alejandro de Pedro, entre otros, de un delito de fraude y malversación de caudales públicos, por la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro y los trabajos de reputación on line y asesoramiento del presidente de la Diputación. Esto es un paso previo a la transformación de las diligencias previas a procedimiento abreviado.

Velasco ha concretado que las personas investigadas en esta parte son el expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez, el alcalde de Puebla del Lillo, Pedro Vicente Sánchez, el interventor de la Diputación, Manuel Jesús López, el empresario Alejandro de Pedro, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Consea, y a las empresas Eico Online, S.L. y Madiva Ediorial y Publicidad.

A todos ellos, menos a las empresas, se les acusa de un delito de fraude por hacer una «concertación privilegiada» en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí de San Isidro (León).

Otros delitos

Asimismo, al entonces presidente de la Diputación de León, el magistrado le acusa de los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario públicos porque «presionó» a empleados públicos de la Diputación abusando de su cargo para «encontrar la forma de poder llevar a cabo» el proyecto de la estación. Y, dice que «aprovechó su intervención» en los contratos de San Isidro a través de una empresa de licitantes.

En cuanto a los trabajos de reputación que solicitó, se le investigan los delitos de cohecho, revelación de información reservada y otro de malversación de caudales públicos. Según explica el auto de Velasco, Marcos Martínez acudió a los servicios de De Pedro y a la asesoría de Alonso Conesa, para que hiciesen uso de la red de diarios digitales para que proyectasen una «imagen favorable».

Estos trabajos de reputación y asesoramiento son realizados por De Pedro y Alonso Conesa -quien prestó los servicios de asesoramiento–, acusados de un delito de cohecho y otro de aprovechamiento de información reservada, al recibir y usar dichos documentos sin ser personas no funcionarias.

El magistrado indica también en su auto que fueron cooperadores necesarios en la distracción de caudales públicos para realizar las labores encomendadas y, por ello, les añade el delito de malversación de caudales públicos. Además, señala que De Pedro acudió a sus contactos en el ámbito político para influir en el PP con el «objetivo de colocarle» en la Presidencia de la Diputación.

Al alcalde de la localidad leonesa de Puebla de Lillo se le acusa de cohecho, porque «coopera necesariamente» en la realización de inserciones publicitarias «redundantes e innecesarias para el bien público» para ayudar a Marco a que le presten servicios de reputación y asesoramiento. También, un delito de malversación de caudales públicos por «cooperar en la distracción» de dinero público en los objetivos de buena imagen del presidente de la Diputación.

El pasado 13 de septiembre, el magistrado tomó declaración por este asunto al alcalde ‘popular’ Pedro Vicente Sánchez, en calidad de investigado, y al empresario Alejandro de Pedro, en calidad de representante legal de las empresas Madiva y Eico.

Pagos irregulares

Para Velasco, Manuel Jesús López también es responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos porque no se abstuvo y participó «pro activamente» en el amaño de la contratación relacionada con la estación de esquí.

Por último, el auto explica que las empresas Eico Online, S.L. y Madiva Ediorial y Publicidad, dedicadas a los trabajos de reputación en Internet a autoridades y cargos públicos, especialmente de dicha Diputación, son responsables de un delito de cohecho porque «generaban una deuda a favor» de dichos electos y «más tarde se sufragaban por dichos cargos públicos en procedimientos irregulares».

Se hacía mediante el pago directo o facturación de terceras empresas, incluyendo el coste de dichas labores en contratos públicos previstos para otros propósitos y que luego se facturaban a empresas de De Pedro o asociados, o beneficiando a éste en posteriores procedimientos de contratación pública.

La ‘operación Púnica’ estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación ‘on line’ suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

El sumario de la ‘Púnica’ consta de 14 piezas. La primera de ella, denominada ‘pieza I Talamino’, concluyó el pasado mes de julio y se decretó juicio oral para juzgar al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a dos guardias civiles que supuestamente le ‘chivaron’ que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba investigando a su amigo, el empresario David Marjaliza.