La Unión de Oficiales de la Guardia Civil se opone al archivo de la causa del 8-M que pide la Fiscalía

La asociación Unión de Oficiales de la Guardia Civil, personados en la causa del 8-M, se opondrá a la solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid que ha solicitado a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que proceda a archivar la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

El Ministerio Fiscal ha salido al rescate del Gobierno de Pedro Sánchez, y no será un obstáculo para las intenciones del Ejecutivo de abortar la investigación judicial por la autorización de la manifestación feminista del 8-M en Madrid que concentró a más de 120.000 personas sólo en la capital, pese al riesgo de contagio por coronavirus.

Una decisión prematura

La asociación que representa a la Benemérita manifiesta que los argumentos de la Fiscalía para solicitar el sobreseimiento son «similares a los valorados por la Abogacía del Estado» que ejerce la defensa del delegado del Gobierno, y los denomina de «prematuros».

«Ya que la decisión de archivar la causa, total o parcialmente -afirma-, sólo podrá ser adoptada cuando las diligencias de prueba practicadas y pendientes de practicar evidencien, de forma objetiva y clara, la inexistencia de los hechos objeto de la investigación o la atipicidad de los que se demuestren existentes; algo que, hasta el momento, y por cuanto ha quedado expuesto, no ha sido así. Basta, pues, que no aparezca claramente descartada la existencia de la infracción penal trasladada, para que el proceso deba continuar».

La juez instructora sí considera que hay indicios de delito y ha citado a declarar el próximo 10 de junio en calidad de imputado a José Manuel Franco y a otros testigos que ya han sido interrogados por los agentes de la  Policía Judicial de la Guardia Civil, que están al frente de la investigación.

La asociación de oficiales de la Guardia Civil recalca que «la característica de la fase instructora del procedimiento penal no es otra que la investigación de hechos en apariencia delictivos, por lo que salvado este control inicial, la instrucción estará encaminada, al esclarecimiento de los hechos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la identidad de las personas que en los mismos pudieren haber participado».

Y, si tras dicha indagación se advirtieren indicios racionales de criminalidad, «estará justificado el llamado juicio de acusación que se desarrolla durante la fase intermedia, en que alguien distinto del instructor, sea el fiscal o la acusación particular, deberá sostener la apertura del juicio oral para que se pueda someter al mismo al investigado o investigados en su caso», subraya la nota.

La juez ordenó el pasado viernes reagrupar la multitud de peticiones que quieren ser parte como acusación popular bajo la dirección letrada de las dos organizaciones que han formalizado su personación: la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y la Asociación de Consumidores y Usuarios de José María Mena.

La asociación de guardias civiles considera que «la actuación de la Fiscalía, choca frontalmente con su posición. Esto es, mientras no se descarte la existencia de infracción criminal, a falta de practicar importantes diligencias probatorias acordadas por la magistrado instructora, la causa merece proseguir, en aras de conocer la verdad de unos hechos».

Por ello advierten que si la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 acuerda el sobreseimiento de las actuaciones, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil recurrirá tal decisión ante la propia titular o bien ante la Audiencia Provincial de Madrid. «Y es que la fuerza que no va guiada por la prudencia, cae por su propio peso», señalan.