La UCO revela que el ministro Torres fue el mejor comprador de test de Covid a la ‘trama Koldo’

El empresario Víctor de Aldama reafirmó ante el Tribunal Supremo lo que ya había dicho en la Audiencia Nacional: que el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres le solicitó, presuntamente, un sobre con «50.000 euros» como contraprestación por un «favor». La Unidad Central Operativa (UCO) circunscribe temporalmente esa petición con la adjudicación del Gobierno de Canarias, entonces presidido por Torres, de contratos por valor de 5,36 millones de euros a la firma Eurofins Megalabs, especializada en test de detección del Covid. La UCO ha constatado que Canarias fue, sin duda, el mejor cliente que tuvo esta empresa. Su cifra de negocio y sus beneficios, que alcanzaron los 13,5 millones de euros, se han desplomado desde entonces.

La investigación de la UCO localizó un apunte en la agenda del ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en el que señalaba el día 22 de febrero de 2021 con el asunto «Tema presidente Canarias».

Según el testimonio de Aldama, es «en este contexto» cuando se produce la «solicitud a don Víctor de Aldama del abono de 50.000 euros para el Sr. Torres, a lo que el Sr. de Aldama se negó». La UCO, además, certifica que la última de las adjudicaciones concedidas por el Gobierno canario a la firma Eurofins Megalab se produce justo por esas fechas. El objetivo, según figura en los mensajes intervenidos, era crear un puente aéreo seguro a Canarias para turistas en plena pandemia del Covid.

Esta firma, a la que la trama abrió las puertas de varias administraciones públicas -Transportes, Interior, Baleares y la propia Canarias- firmó con el entonces Gobierno autonómico de Torres contratos por valor de «5.363.299 euros», según señaló Aldama ante el Supremo y reafirmó la UCO con los expedientes oficiales. En total, la contratación pública de esta empresa especializada en test diagnósticos del Covid obtuvo más de 9 millones de euros de las administraciones.

Los investigadores han escrutado las cuentas de esta firma en el periodo en el que operó la trama de Transportes y han llegado a la conclusión, según ha sabido OKDIARIO, de que Torres fue «el mejor cliente» que ha tenido esta empresa en su historia reciente.

La empresa, que ahora figura vinculada a un riesgo de retrasos en los pagos «moderado-alto», disparó en el ejercicio de los contratos el importe neto de su cifra de negocios hasta los 166 millones de euros, obteniendo unos resultados con beneficio de más de 13,5 millones de euros. Fue su punto más alto de beneficios, que ahora han caído de forma significativa. La empresa vivió sus mejores tiempos económicos en el periodo de los contratos canarios de Torres, época en la que Aldama situó al actual ministro en un piso con «señoritas» en la zona de Atocha (Madrid).

Para alcanzar esas cifras, la investigación ha constatado que fue clave la contratación pública por valor de más de 9 millones de euros. Y de ellos, los 5,3 de Canarias fueron los contratos más voluminosos. Le siguen los 1,8 millones que Aena pagó a la firma para establecer laboratorios de análisis en algunos aeropuertos españoles.

Pliegos de una obra

Por otra parte, el empresario Víctor de Aldama le vincula con varios negocios realizados para empresarios afines al entramado, pero hay uno en especial que está bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO): un contrato de obra de 2022 en el que se sospecha que alguien facilitó los pliegos a la empresa ganadora para poder adaptarlos apenas 24 horas antes de certificarlos oficialmente.

Se trata de uno de los métodos más habituales y conocidos por los investigadores que analizan contratos preconcedidos: permitir que la empresa seleccionada pueda revisar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas para adaptarlos, con pequeñas modificaciones, a las fortalezas y debilidades de su propia oferta. Así, concurren en una posición de privilegio frente a sus competidores.

Eso es, precisamente, lo que los investigadores sospechan que pudo ocurrir con la concesión en 2022 de una obra para ubicar en un antiguo cine de Las Palmas las oficinas de la Agencia Tributaria Canaria, dependiente del Gobierno regional. Las obras del emblemático Edificio Royal, que fueron concedidas a la firma Levantina, Ingeniería y Construcción S.L., dirigida por un empresario próximo a Aldama y a Koldo García: José Ruz.

Los ojos están puestos sobre una presunta reunión que Koldo García y el empresario mantuvieron el día 10 de febrero de 2022 con «alguien del Gobierno canario», explican a OKDIARIO fuentes que conocen de cerca estas circunstancias. En la agenda de Koldo hay anotado un viaje junto a Ruz (Pepe Levantina, según esas anotaciones) a Las Palmas el día 9 de febrero, con una estancia en el hotel EXE.

Se sospecha que, en esa cita, alguien de alto nivel del Gobierno canario -entonces presidido por Ángel Víctor Torres, con quien la trama ya había gestionado algún negocio- les habría facilitado información sobre unos pliegos que quedarían certificados sólo 24 horas después con su envío al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

La licitación de estas obras, por valor inicial de unos 6,5 millones de euros -luego se amplió hasta 7-, se hizo pública el 13 de ese mes de febrero. El 10 de mayo de ese mismo año, 2022, fue adjudicada a Levantina, Ingeniería y Construcción S.L., que se impuso a otros 7 competidores en la decisión de la mesa de contratación.

La adjudicación fue impugnada por una de las empresas que se presentaron a la licitación, alegando que en varios aspectos se había valorado de forma diferente a Levantina que a su propia firma cuando la propuesta era igual. Se admitieron «errores» en el proceso, pero se consideró que otros aspectos de carácter valorativo correspondían al juicio de los miembros de la mesa, por lo que el 8 de julio quedó desestimado el recurso y confirmada la adjudicación.