El TSJM condena a Carmena a 13.000 € por demoler una casa familiar en La Cañada «sin autorización»

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Ayuntamiento de Madrid a pagar 13.000 euros a una familia de etnia gitana de La Cañada por demoler su casa «sin la preceptiva autorización judicial» y «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido».

Tal y como establece el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la familia y se ratifica la vulneración del derecho a la inviolabilidad de su domicilio pues el derribo de la vivienda constituyó «una actuación en vía de hecho que vulneró el derecho fundamental de los recurrentes a la inviolabilidad de su domicilio».

Indican también que se trata de una actuación realizada «fuera de su ámbito de competencia o al margen del procedimiento establecido». Además, la sentencia concluye que la entrada a la vivienda se llevó a cabo «sin obtener el consentimiento de los afectados, ni en defecto de éste, sin la preceptiva autorización judicial».

Sin embargo, no se aprecia la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y desestima el restablecimiento de sus derechos con la facilitación de una vivienda sustitutiva.

Por ello, ha admitido la causación de daños morales en los recurrentes por lo que deberán de ser indemnizados por el Ayuntamiento con una cantidad de 3.000 euros por cada hijo menor de edad (3 en total) y 2.000 euros para cada uno de los progenitores.

Dos adultos y tres menores

La Fundación Secretariado Gitano de Madrid (FSG), encargada de interponer la demanda, ha expuesto este miércoles el caso en rueda de prensa, y ha considerado que lo sucedido incurría en una vulneración de derechos fundamentales al derribar una vivienda en la que vivían dos adultos con tres menores.

De esta forma, han explicado que los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero de 2018 cuando la Dirección General de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de una operación policial realizada en la Cañada Real Galiana, desalojó y derribó varias viviendas «sin cumplir con el procedimiento legal establecido y sin mediar autorización judicial».

En este sentido, la directora de la FSG de Madrid, Rocío García, ha destacado la intervención social y laboral que realiza la Fundación en La Cañada y la constatación de vulneración de derechos humanos que han visto en la zona.

«No es un caso aislado»

Además, ha asegurado que las administraciones públicas deben de «tomar cartas» en el asunto y que se cumpla el Pacto Regional firmado en 2017 entre los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas para actuar en la zona de La Cañada.

Por su parte, la abogada del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación, Edurne de la Hera, ha criticado que a causa de estos desalojos los afectados pierden otros derechos como son la integridad física y moral, la educación o la sanidad. «No es un caso aislado», ha afirmado, a lo que ha añadido que quieren conseguir una garantía plena de derechos para toda la comunidad de La Cañada.

Por último, el abogado del caso, Rafael Cid, ha insistido en que el objetivo de este tipo de sentencias es que «no vuelva a pasar» nada parecido y ha puesto el acento en que «no es fácil» que un Tribunal reconozca esta vulneración de derechos. «Hay un espacio de impunidad real en La Cañada», ha apostillado. Así, ha opinado que es un llamamiento «claro» por parte de los tribunales para que esto «no vuelva a suceder».