El Tribunal de Cuentas juzgará a los cabecillas del ‘procés’ seis años después del golpe independentista

Los cabecillas del golpe independentista de Cataluña de 2017 no serán juzgados por el Tribunal de Cuentas hasta el próximo 17 de noviembre. Es decir, más de seis años después del referéndum ilegal que condujo a la frustrada declaración de independencia y posterior fuga del entonces presidente catalán Carles Puigdemont.

El Tribunal de Cuentas anunció este lunes la fecha en la que tendrá lugar la vista, casi un año después de la audiencia previa que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2022. De esta forma, se confirma lo avanzado por OKDIARIO, en el sentido de que el juicio por el desvío de fondos públicos para el procés no tendría lugar antes de las elecciones generales, lo que beneficia al PSOE por partida doble. Primero, porque no se enfrenta a la fotografía de dirigentes de sus socios independentistas sentados en el banquillo; y, segundo, porque se evita tener que responder ante ellos por una eventual condena millonaria.

El Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha convocado para el próximo 17 de noviembre a las 9 de la mañana el juicio para reclamar a los cabecillas del procés los fondos públicos malversados para el golpe independentista. Se enfrentan a una petición conjunta contra todos ellos que asciende a entre 3,1 y cinco millones de euros, según se atienda a la petición de la Fiscalía o a la formulada por Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acusación popular en esta causa.

Por otra parte, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado auto en el que desestiman las cuatro peticiones alternativas realizadas por la representación procesal de Oriol Junqueras, Romera y otros siete condenados, en las que fueran transferidos a la Generalitat de Cataluña los 4,15 millones depositados en conceptos de avales por la responsabilidad económica a la que se enfrentan.

Asimismo, también ha sido desestimado el resto de lo solicitado en esos recursos formulados por los acusados ha sido desestimado. Entre otras cosas, pretendían que se les otorgara un trato de favor para que pagaran menos en caso de ser condenados. Así, aspiraban a que se paralizara el cómputo de intereses en su contra por las cantidades malversadas, algo que habría sido una excepción y un trato de favor para ellos. El Tribunal de Cuentas no lo ha admitido.

La hoja de ruta independentista se puso en marcha con Artur Mars con la celebración de una primera consulta ilegal. A partir de ahí los sucesivos gobiernos independentistas de Cataluña desplegaron su particular agenda secesionista que condujo al referéndum ilegal de 2017 y a la declaración de independencia.

El desvío de fondos de los que se les acusa se articuló por dos grandes vías: por una parte el dinero de la Generalitat desviado a través de su red de oficinas en el extranjero, para que la causa separatista de Cataluña fuera bien vista en otros países; y, por otra parte los fondos de la Generalitat que se utilizaron ilícitamente para financiar acciones propias de la organización propaganda y celebración de la consulta y el posterior referéndum ilegales.

Los cabecillas del golpe de 2017 fueron juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y condenados por sedición en octubre de 2019. Sin embargo, las penas de prisión que se les impusieron tuvieron escasa efectividad práctica, porque el gobierno de Sánchez los indultó en junio de 2021, en el marco de sus interesados pactos con las fuerzas independentistas para llegar y mantenerse en la Moncloa.