El Tribunal de Cuentas investiga a Interior por 40 nombramientos irregulares en la Guardia Civil

Hasta 40 nombramientos de agentes de la Guardia Civil comisionados en la Comandancia de Cádiz están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas. Se trata de efectivos que, sobre el papel, ocupan una plaza a la que no acuden a trabajar porque en la práctica están asignados de forma permanente a otra distinta en comisión de servicio. Esto es, ocupan dos puestos pero cobran sólo por uno de ellos. El Tribunal de Cuentas rastrea si los presupuestos asignados por el Ministerio del Interior a dicha Comandancia responden al pago de un número superior de agentes al que en realidad existe, y de confirmarse este extremo, a qué se ha destinado el dinero sobrante.

El tribunal administrativo ya ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la información disponible y elabore el escrito de acusación si considera que, como ha denunciado la asociación ‘Una Policía para el siglo XXI’, Interior ha estado incurriendo, por acción u omisión, en una mala gestión de los fondos públicos en las partidas destinadas a gastos de personal.

El pasado mes de octubre, ‘Una Policía para el siglo XXI’ presentó un escrito ante la Inspección de Servicios de Personal y Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), solicitando que se revisaran las asignaciones para los efectivos de la Comandancia de Cádiz donde, según fuentes internas, hasta cuarenta guardias civiles estarían prestando servicio comisionados de manera irregular.

Durante los últimos años, cada vez que se jubila un agente y queda libre una vacante, en lugar de ofrecerla en concurso público, se cubre con un miembro de la plantilla que no deja libre su puesto anterior, en base al que cobra. Sin embargo, a efectos oficiales, el agente en comisión de servicio computa como efectivo asignado a la Comandancia de Cádiz que recibe del Ministerio del Interior un presupuesto en función del número total de guardias, 40 más de los que hay.

El Tribunal de Cuentas trata ahora de determinar si dichas partidas incluyen los gastos de personal (nóminas) de los guardias civiles que prestan servicio en dicha Comandancia, cuál ha sido el destino final del exceso presupuestario recibido y si lo que ocurre en Cádiz se repite en otras delegaciones territoriales del Instituto Armado porque, de confirmarse las irregularidades, el agujero para los fondos públicos del Ministerio del Interior, podría ser incalculable.

Defensor del Pueblo

La SES «se lavó las manos» con el escrito inicial presentado por la asociación ‘Una Policía para el siglo XXI’ para denunciar los hechos, confirman desde la misma a OKDIARIO, «y se lo remitieron a la Guardia Civil para despachar el expediente más pronto que tarde». «Desde el Instituto Armado recibimos un escrito en el que se nos desautorizaba para ejercer cualquier tipo de petición de información por no ser una asociación corporativa» vinculada al mismo, lamentan.

«Nuestro último acto previo y simultáneo a la intervención del Tribunal del Cuentas ha sido recurrir al Defensor del Pueblo para que también se implique en la investigación e inste a Interior a cumplir la ley», añaden.