El presidente del tribunal de la Gürtel deja la sentencia en manos de los que citaron a Rajoy

Los tres magistrados que juzgan el caso Gürtel en su tramo 1999-2005 han reconocido «discrepancias» a la hora de redactar la sentencia, por lo que el ponente de la misma y presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, Ángel Hurtado, ha encargado a sus dos compañeros la redacción de las partes en desacuerdo.

«Dadas las discrepancias habidas sobre algunos puntos sometidos a debate, en el curso de la deliberación, con este magistrado, ponente del asunto, por parte de los otros dos magistrados que componen el tribunal, encargo la redacción a mis compañeros para que redacten la resolución en la parte que cada uno discrepe», explica Hurtado en el acuerdo redactado este viernes.

Según han indicado fuentes jurídicas, una vez que los otros magistrados del tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, redacten esas partes de la sentencia en las que no están de acuerdo con el ponente, los tres analizarán los argumentos de unos y otros.

Voto particular del propio presidente

Las fuentes consultadas han explicado que, en caso de que los tres magistrados no alcancen un consenso sobre las partes discrepantes, Hurtado podría incorporar el texto de sus compañeros a la sentencia final, asumiendo así sus argumentos, pero al mismo tiempo firmar él un voto particular.

Esta circunstancia sería del todo inusual, ya que supondría que el ponente de una sentencia incluyese argumentos con los que no está de acuerdo y al mismo tiempo emitiera un voto discrepante contra una resolución que él mismo redacta. Hurtado ya se quedó en minoría cuando votó en contra de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo durante el juicio.

Tras más de un año de sesiones, el juicio de los primeros años de la trama Gürtel, con 37 acusados, quedó visto para sentencia el 17 de noviembre del año pasado.

Entre los principales investigados se encuentran el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, una decena de ex altos cargos del PP, como su extesorero Luis Bárcenas. El partido también está acusado como partícipe a título lucrativo, por lo que durante el juicio se ha analizado si la formación política se ha beneficiado de las actividades delictivas de la trama.

El procedimiento se centró en el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.

Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros y considera acreditado que el PP se financió de forma ilegal con los delitos de la trama corrupta.