La ‘trama Sánchez’ está investigada por 16 delitos de corrupción con penas de hasta 66 años de prisión

La trama Sánchez, que abarca cuatro casos principales ahora mismo bajo investigación en distintas instancias judiciales, agrupa ya hasta 16 delitos de corrupción con penas de prisión que alcanzan, sumadas todas ellas y en el peor de los casos, hasta 66 años de prisión. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, enumeró en su comparecencia del domingo en Génova todos estos presuntos delitos que habría cometido miembros del Ejecutivo, del PSOE y del entorno más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como son su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra.

Así, en la Audiencia Nacional, en concreto en el Juzgado Central de Instrucción número 2, se encuentra bajo investigación el caso Koldo, que el PP llama caso PSOE y que trata fundamentalmente por arrojar luz y depurar responsabilidades sobre la red criminal de mercadeo con mascarillas. Un fraude que salpica a varios ministerios del Ejecutivo de Sánchez y a los gobiernos que presidieron Francina Armengol y Víctor Ángel Torres en Baleares y Canarias, respectivamente. Aquí se investigan hasta seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Estos delitos podrían sumar penas de hasta 30 años de cárcel.

De otro lado, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se sigue el caso Begoña Gómez. La esposa del presidente está imputada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, que conllevan hasta 6 años de cárcel en el escenario más adverso. No obstante, todavía podría enfrentarse a un tercero, en este caso, apropiación indebida.

El delito de corrupción en los negocios implica penas de prisión de seis meses a 4 años. Consiste en el pago de dinero, sobornos y otros ofrecimientos económicos con el fin de asegurar la ejecución de un contrato o la obtención de ventajas competitivas frente a otras empresas, o en solicitar, aceptar o recibir dichos ofrecimientos. Es la primera vez en la democracia española que la mujer de un presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones ante la justicia por negocios privados.

Mientras que el delito de tráfico de influencias se comete cuando alguien influye en un funcionario público o autoridad haciendo uso del prevalimiento para que emita una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, bien para sí o para un tercero. Está regulado en los artículos 428 a 430 del Código Penal.

Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga el caso Hidrocarburos, donde el fraude señala al empresario Víctor de Aldama, socio de Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento. Ábalos fue número tres del PSOE como secretario de Organización de la Ejecutiva de Pedro Sánchez.  Aquí, el juez Santiago Pedraz investiga la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales, con penas que podrían llegar, en su conjunto, a 18 años de prisión.

Y en cuarto lugar, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz investiga al hermano de Pedro Sánchez y alto cargo de la Diputación de Badajoz, por hasta cinco supuestos delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En este escenario, el músico David Azagra, como se hace llamar artísticamente David Sánchez Pérez-Castejón, se enfrentaría a una pena de hasta 12 años de cárcel en el grado máximo.

«Ocho autopistas de corrupción»

A partir de estos cuatro casos principales, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la existencia de «ocho autopistas de corrupción» que tiene todas ellas a Pedro Sánchez como «el kilómetro 0 de la corrupción».

Según el principal partido de la oposición, que presentó este lunes una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, la «primera autopista de corrupción» es la «capitaneada» por el exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo cuando era «mano derecha» de Sánchez.

«La segunda autopista de corrupción es la que se extendió en el Gobierno más allá del Ministerio de Transportes. Podemos estar cerca de la decena de ministerios. Ministerio de Sanidad de [Salvador] Illa, el Ministerio del Interior de (Fernando Grande) Marlaska, el Ministerio de Economía de (Nadia) Calviño, y así hasta cerca de la decena», apuntó Gamarra el domingo.

La tercera es la compra de material para la pandemia y que «recorrió otros gobiernos» socialistas autonómicos como el balear o el de Canarias: «Sus entonces presidentes, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, abrieron de par en par las puertas de su Gobierno a esta trama de corrupción», incidió Gamarra sobre la actual presidenta del Congreso y el ministro de Política Territorial.

La cuarta autopista que denuncian los populares es el viaje de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela a España el 20 de enero de 2020. Una visita ilegal de la cual Sánchez «era perfectamente conocedor», y pese a ello, «la autorizó y mintió a la cara de todos los españoles», enfatizó la número dos del PP.

«La quinta autopista de la corrupción socialista es el caso que acaba de destaparse de hidrocarburos de fraude del IVA, que alcanza cerca de los 200 millones de euros», añadió sobre el reciente informe de la UCO de la Guardia Civil.

Las autopistas sexta y séptima son las que afectan al entorno cercano de Sánchez, tanto por la causa abierta contra su mujer Begoña Gómez como por la investigación a su hermano en Badajoz. Y, por el momento, la última y octava «es la que hemos acabado de descubrir, y que significa también un salto cualitativo en la investigación, con un empresario asegurando que se llevaban bolsas llenas de dinero a Ferraz», sentenció Gamarra.