El Supremo encarga al juez Peinado investigar la criptosecta IM Academy que afectó a 2.500 personas
La Audiencia Nacional rechazó la inhibición del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid
El Tribunal Supremo ha encargado la investigación de la presunta estafa masiva detrás de la posible criptosecta de IM Academy al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado. Tal como adelanta OKDIARIO, el conocido juez del caso Begoña Gómez cedió el caso a la Audiencia Nacional, que rechazó la inhibición. A la postre, el Supremo se ha decantado por resolver la cuestión de competencia a favor del instructor de Plaza Castilla.
Se trata de un chiringuito financiero en cuya desarticulación en 2021 se detuvo a 8 personas, que, en total, captaron más de 2.500 jóvenes que engordaron una trama piramidal de varios millones de euros. La UDEF de la Policía Nacional abrió el caso por estafa masiva, publicidad engañosa, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social, coacciones psicológicas, amenazas y organización criminal.
En un auto consultado por este periódico, tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo dirimen la cuestión de competencia negativa –es decir, que ninguno de los dos potenciales competentes quería asumir– «otorgando la misma al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, resolución que también se comunicará al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional y al Ministerio Fiscal». El auto, en el que Leopoldo Puente ha ejercido de ponente, explica que el procedimiento que nos ocupa se inicia en virtud de denuncia que se interpone en Madrid, ante la Brigada Central de Delincuencia Económica y Central de la UDEF, el 11 de marzo de 2021, por el letrado Carlos Bardavío Antón en representación de once denunciantes y de la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE).
La denuncia se presenta contra IM Mastery Academy, «una academia de formación en análisis de productos financieros en la cual, previo pago de una moderada cantidad, se ofrecían cursos online al objeto de formar a los alumnos en este tipo de productos. Si bien, a través de las correspondientes investigaciones, se llegó a la conclusión de que apenas se proporcionaba un aprendizaje al respecto, realizando meros desembolsos que no conducían a ningún resultado, pudiendo ser los hechos constitutivos de un posible delito de estafa».
Bardavío explica a OKDIARIO que eran cursos muy precarios, de una calidad «paupérrima», con información que encuentras gratis en Internet. Ofrecían ganancias «garantizadas» con una «metodología infalible». Sin embargo, a los dos o tres meses el usuario se cansaba de visualizar cursos de conocimientos básicos. Donde realmente se ganaba dinero era con la captación de nuevos alumnos en un esquema clásico de presunta estafa piramidal.
«En la cúspide de la pirámide, donde realmente lograban dinero, no obtenían réditos del trading en bolsa, donde a los 6 meses se obtenían pérdidas. Se conseguían beneficios de traer nuevos alumnos, muchos de ellos, jóvenes sin formación». Aportó al juzgado un listado de 500 afectados con nombres y apellidos. Un usuario de Internet logró dar con 1.000 y la Policía Nacional en una nota de prensa en marzo de 2022 habló de 2.500 afectados, muchos de ellos menores de edad.
Ahora, el Supremo considera que Peinado tiene que mantener el caso. Basándose exclusivamente en la denuncia inicial, considera que hay 20 afectados localizados y 48.676 euros presuntamente estafados. En todo caso, recoge que la UDEF cifró 384 afectados.
«Entendemos, como señala acertadamente la Audiencia Nacional, y también de acuerdo con lo observado por el fiscal, que, en el caso y en este momento procesal, no se advierte la concurrencia de las notas que determinarían la atribución de competencia a la Audiencia Nacional, pues no aparece razonablemente justificada la existencia de una multiplicidad de personas perjudicadas en el territorio, que más parece construido sobre la base de un razonamiento o cálculo especulativo. Ni está acreditado, ni parece plausible, tal como paladinamente se admite por todos, que la cuantía de la defraudación afecte gravemente a la economía nacional o a la seguridad del tráfico mercantil», relata el fallo.
Investigación en EEUU
A la espera del presente fallo del Supremo, el juez Peinado ha seguido dando pasos en la instrucción. En febrero ordenó a la Policía Nacional investigar a los responsables en Estados Unidos de IM Mastery Academy. El magistrado solicitó a la UDEF que abra varias nuevas líneas de investigación. Entre ellas, aclarar la posible responsabilidad delictiva de tres altos cargos de la IM Academy estadounidense, entre ellas su consejero delegado, dado que ve una «estrecha vinculación» con los hechos delictivos ocurridos en España.
Esa vía de investigación se abre tras las conversaciones telefónicas en las que Iván Briongos, uno de los supuestos responsables de la trama, mantiene con los responsables estadounidenses acerca de «cómo organizar la pirámide» de estafas.
Asimismo, el juez pidió a los agentes que investiguen un fondo de inversión italiano posiblemente relacionado con las estafas y manejado por uno de sus responsables. También requirió el desglose de los movimientos bancarios y de las operaciones de envío y recepción de criptomonedas de Briongos y otros sospechosos de integrar la trama. Se trata de diligencias pedidas por RedUNE. La investigación por la captación de jóvenes mediante redes sociales y discotecas arrancó hace ya dos años y tras el impulso del Supremo los afectados confían en ver pronto sentados ante la Justicia a los presuntos estafadores.
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