Los socios de la SGAE tumban los nuevos estatutos en la asamblea general

Los socios de la SGAE han tumbado los nuevos estatutos en la asamblea general celebrado este lunes 24 de junio. Con este revés para la nueva dirección de la sociedad, el ministerio de Cultura podría ahora retirarle la autorización como entidad de gestión.

OKDIARIO ya avanzó que entre los socios existía malestar puesto que estos estatutos propuestos por la presidenta Pilar Jurado podrían chocar con la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un ambiente de tensión, según relataron algunos socios, la asamblea general de la SGAE ha rechazado, por tercera vez, el nuevo texto estatutario. En esta ocasión, pese a haber tenido un porcentaje del 62,78% de síes (15 502 votos) el nuevo texto no ha sido aprobado al no conseguir los dos tercios necesarios, el 66,6%. Un 36,07 % de socios ha votado que no (8907) y un 1,14% de los socios se ha abstenido (282). En esta asamblea general han votado 1356 socios de los 18 000 que tienen derecho a voto de un total de 120.842 socios.

Entre los que han pedido el sí durante el debate previo a la votación del punto cuatro del orden del día ha estado el cantante Pau Donés, mientras que en el bando del no se han posicionado Inma Serrano -miembro de la actual junta directiva- el ex presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón y los miembros de la Coalición Autoral.

Posible intervención

Con este resultado la SGAE está más cerca de ser intervenida parcialmente por el Ministerio de Cultura, que recurrió el pasado viernes el auto de la Audiencia Nacional por el que se rechazaba la intervención judicial de la SGAE solicitada por el Gobierno, así como la remoción de sus órganos de representación, al entender que no era competente para ello.

Según Cultura, la Abogacía del Estado recurrió el auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el pasado 18 de junio en relación a la intervención temporal de la Sociedad General de Autores.

En cualquier caso, «la emisión del auto no ha afectado en ningún extremo» al procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE, iniciado mediante el apercibimiento efectuado el 27 de septiembre de 2018, que sigue abierto y plenamente vigente, señaló Cultura.

En recientes declaraciones el ministro de Cultura José Guirao no descartó seguir por la vía judicial para resolver la situación «insostenible» de la SGAE, e incluso indicó que Cultura sopesa retirarle la autorización como entidad de gestión.

Desde el pasado 15 de julio de 2018 los estatutos de la SGAE no se ajustan a la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), por lo que el 27 de septiembre de ese año, el ministerio de Cultura apercibió a la entidad por sus «incumplimientos legales» y, al no corregirlos, pidió la intervención judicial temporal a través de la Abogacía del Estado el pasado febrero.

En total, la mayor entidad que se ocupa en España de los derechos de autor, SGAE, ha recibido del Ministerio de Cultura 13 requerimientos y un apercibimiento, principio del fin de una intervención anunciada.

Y también pendiente de la aprobación de los nuevos estatutos está la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), que el 30 de mayo decidió excluir como miembro durante un año a la SGAE de España, a raíz de denuncias «que son motivo de gran preocupación en relación con las actividades de la entidad».

Además exige la realización adicional de «importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la SGAE de las reglas profesionales» para las sociedades que integran la organización.

Esta sanción podrá «ajustarse o levantarse en cualquier momento», siempre que el Consejo de Dirección considere que se ha logrado el suficiente progreso para aplicar los requerimientos de la Cisac.

Antes de votar el texto consolidado de estatutos, los socios de la SGAE han sacado adelante las cuentas anuales de 2017 con un 64,5% y las de 2018 con un 59,61%. También han aprobado la política general de inversiones con un 70,81% y la política de gestión de riesgos con un 69,57%.