Los socios exigen a Sánchez prohibir el alquiler de la vivienda durante los 4 años siguientes a su compra

Podemos, socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez, quiere que las personas que compren una casa no puedan ofrecerla en alquiler hasta que no pasen cuatro años desde su adquisición. Además, exigen al Ejecutivo PSOE-Sumar que prohíba a las empresas adquirir casas, excepto si son entidades públicas.

La portavoz y líder de Podemos, Ione Belarra, ha presentado una enmienda a la proposición de ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones. La iniciativa pretende añadir un artículo nuevo con el objetivo de «prohibir la compra de viviendas para supuestos distintos del establecimiento de una residencia habitual».

La diputada morada asegura que esta limitación se aplicará a las «viviendas adquiridas a partir de la entrada en vigor de la ley». El partido fundado por el ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, exige que esas casas sean «utilizadas como residencia habitual del comprador o un familiar de éste hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad». Es decir, entre padres e hijos, abuelos y nietos, o entre hermanos.

La representante de Podemos en el Congreso también pretende asegurar en su enmienda que esas casas no cambian de propiedad en los siguientes cuatro años, a no ser que se trate de una sucesión: «No podrán ser transmitidas por negocio jurídico inter vivos».

Por otro lado, también se asegura que no pueden ser «puestas en arrendamiento ni permanecer vacías en los cuatro años siguientes a la entrega de la vivienda adquiriente». Es decir, que prohíbe que los propietarios compren una casa y la alquilen a un tercero, que no sea su familiar, y también se les impide dejarla vacía. Todo ello, al menos, en los cuatro ejercicios posteriores a la obtención del inmueble.

Si se aprobase esta enmienda a la ley para la regulación de los contratos
de alquiler temporales y alquiler de habitaciones, sólo será posible adquirir casas para que el comprador o alguno de sus familiares cercanos la utilice como vivienda habitual.

Con ello, el partido morado busca frenar la inversión en vivienda con la intención de obtener un rédito. Sin embargo, expertos consultados por este medio aseguran que esta medida, en la práctica, implicaría una limitación de los inmuebles disponibles en el mercado del alquiler.

Prohibir a las empresas comprar casas

Por otra parte, en esa misma enmienda, Podemos propone impedir a las «personas jurídicas» la adquisición de viviendas. Es decir, prohibir que las empresas compren una casa, salvo que se trate de compañías de titularidad estatal o las propias Administraciones Públicas, que sí estarán habilitadas para realizar este tipo de transacciones.

Ésta es una petición habitual de la extrema izquierda. Hace unas semanas, Sumar, partido con el que Podemos pugna por votantes del mismo espacio ideológico, presentó una proposición de ley por el derecho a la vivienda en la que incluía esta misma petición: prohibir la compraventa de casas a las empresas.

Uno de los artículos de la iniciativa del partido de Yolanda Díaz rezaba: «A partir de la entrada en vigor de esta ley queda limitada a las personas físicas la posibilidad de transmisión en calidad de adquirentes, tanto a título oneroso como gratuito, de la propiedad de viviendas en estado de uso».

Y añadía: «Respecto de los edificios construidos sobre suelo con calificación residencial cuyas viviendas cumplan con los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, a partir del momento en que éstos dispongan de certificado de fin de obra, queda limitada a las personas físicas la posibilidad de adquisición de las viviendas integrantes tanto a título oneroso como gratuito».