La socialista María Dolores Corujo acude como testigo ante Fiscalía y sale como sospechosa por el ‘caso Sosa’

La ex presidenta del Cabildo de Lanzarote y actual diputada nacional del PSOE, María Dolores Corujo, acudió este miércoles a la Fiscalía citada como testigo en el marco de la investigación abierta sobre los cobros irregulares del consejero Juan Manuel Sosa durante el anterior mandato insular. Sin embargo, el fiscal Fernando Rodríguez Navarro decidió no tomarle declaración y le comunicó que deberá comparecer en una próxima cita asistida de letrado.

La decisión del fiscal llega después de que este miércoles sí pudiera tomar declaración a David Monte, director insular de Presidencia y asesoría jurídica del Cabildo, quien el martes no había podido comparecer por encontrarse el fiscal ocupado en otro asunto. Monte expuso al Ministerio Público el contenido del decreto que la propia Corujo firmó en noviembre de 2021, por el que reconocía y asumía la «dedicación exclusiva» de Sosa al frente de la Consejería de Sanidad, y aportó nueva documentación que acredita que el consejero habría cobrado además dietas por asistencia a plenos y comisiones, un derecho reservado exclusivamente a los miembros de la Corporación que no perciben retribución política.

Si Sosa tenía dedicación exclusiva desde diciembre de 2019, como reconocía el decreto de Corujo, no habría tenido derecho a percibir esas dietas. La Fiscalía analiza si esos cobros podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, junto con un posible delito de prevaricación.

El caso tiene su origen en la incorporación de Sosa, entonces portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, al Gobierno de Corujo en diciembre de 2019, en una maniobra que fue calificada de transfuguismo. Funcionario del Servicio Canario de Salud, Sosa continuó percibiendo su sueldo como médico en situación de servicios especiales, notablemente superior al de consejero, pese a haber dejado de ser portavoz de su grupo político, condición indispensable para acogerse a ese régimen retributivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya declaró nula la resolución de la Dirección General de Función Pública que amparó esa situación y condenó a Sosa a devolver más de 297.000 euros cobrados de forma indebida. El propio Sosa ya había sido informado por la Fiscalía de su condición de investigado y está pendiente de declarar en los próximos días con asistencia letrada.

Antes de entrar a la sede judicial, Corujo atendió brevemente a los medios presentes. «Espero aclarar todas las dudas que puede haber sobre el decreto que se firmó», señaló. «Ahora sabré de qué va, pero no tengo ni idea. Imagino que como cualquier otro consejero que tuviese dedicación exclusiva y cobrara por otra administración», añadió. Horas después, en un comunicado, negó estar «investigada ni imputada», términos que en efecto se reservan al ámbito judicial, si bien la situación en la que el fiscal la ha emplazado —las denominadas diligencias preprocesales— implica que recibirá información sobre lo investigado, habrá de estar asistida de abogado y podrá ser interrogada en calidad de sospechosa.