Sánchez saca adelante en la Diputación Permanente el decretazo de la vivienda que tumbó el Congreso

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, como se preveía, el decreto ley para intervenir el mercado de la vivienda que la Cámara Baja rechazó antes de la convocatoria electoral. Sin embargo, también siguiendo con lo establecido, ha derogado el otro decreto, impulsado por Sumar, que buscaba establecer la renovación automática de los alquileres y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino si decidía romper el contrato.

Como todo decreto ley, los textos tenían que refrendarse en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de treinta días. Ante la disolución de las Cortes por el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre, ha sido la Diputación Permanente –único órgano que queda activo ante la disolución– la encargada de votar las normas. En la misma y debido al poder del voto de la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, el primero de los decretos de vivienda que rechazó el Congreso ha podido salir adelante.

El decreto de medidas generales sobre vivienda ha conseguido su convalidación gracias al apoyo de los 35 diputados de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos, formación que atesora el voto de todo el Grupo Mixto. Mientras, PP, Vox y Junts han votado ‘no’, pero entre los tres suman sólo 34 votos, insuficientes para tumbar el decreto como ya hicieron en el pleno del Congreso de los Diputados. En lo que respecta a la segunda norma, al ‘no’ de PP, Vox y Junts se ha sumado el del PNV, lo que ha condenado al texto a su derogación.

Entre las medidas que incluye el decreto aprobado, se establece la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y se regula una prórroga automática de los contratos de alquiler para todo el 2028.

También incluye el mecanismo llamado Tu Casa que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y contempla préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda. Este estará dotado con 10.000 millones de euros.

Además de la dotación de la línea del ICO, se incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, al tiempo que endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos ‘buitre’, ampliando su definición y las condiciones de las excepciones con respecto al anterior texto.

Los ministros defienden los decretos

La Diputación Permanente ha debatido primero el decreto ley con la renovación automática del alquiler, que ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y después el que incluye un catálogo más amplio de medidas, defendido por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

En el primer debate, Bustinduy ha pedido apoyo a esta medida porque, según ha explicado, afectaría a cinco millones de personas y podría suponer un ahorro de hasta 4.341 euros para cada inquilino. Además, ha defendido que la medida ya está presente en Francia, Alemania o Viena (Austria), ciudad esta última que la izquierda mira como referente en la gestión de la vivienda por, entre otros motivos, su amplio parque público.

Por su parte, en el segundo debate, Rodríguez ha defendido que este decreto permite proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios ante la emergencia habitacional y mientras se amplía la oferta de vivienda asequible. Entre sus medidas, ha destacado la prohibición de los desahucios a personas vulnerables, las nuevas prórrogas de los contratos de alquiler, las deducciones fiscales para los inquilinos y las bonificaciones de hasta el 100% de las rentas para los pequeños propietarios que bajen los precios.