Sánchez prepara su segundo «decretazo» para exhumar a Franco
Patrimonio Nacional se desentiende de la exhumación de Franco
El ex juez Milans del Bosch diseña la estrategia de la Fundación Franco contra la exhumación
El Ejecutivo de Sánchez trabaja en la fórmula legal que le permita exhumar los restos de Francisco Franco. El Gobierno forzará su segundo Decreto Ley (después del que aprobó para hacerse con el control de RTVE) para cumplir los plazos comprometidos, en el mes de julio, y evitar los litigios que podrían enfrentarle a la familia, retrasar la ejecución y complicar las cosas.
Tras su llegada a Moncloa, Sánchez ha tomado «la decisión política» de desenterrar a Franco y trasladar sus restos. Hacerlo de manera inmediata, para cumplir las exigencias de Podemos, le obligará a contar con la herramienta adecuada para entrar en la basílica.
Y por ello Moncloa trabaja ya en el «decretazo» que le permitirá aprobar por trámite de urgencia el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica presentado por el grupo socialista en el Congreso en diciembre pasado y que fue vetado por el PP y Ciudadanos.
En el texto de la norma se recoge expresamente la exhumación de los restos del dictador y la discrecionalidad del Gobierno para tomar decisiones en este sentido:
Sánchez usará por segunda vez desde que es presidente el procedimiento extraordinario regulado en el artículo 86 de la Constitución -tras el escándalo de la renovación de RTVE- para aprobar una ley unilateralmente y asegurar que entre en vigor de inmediato y sin posibilidad de enmiendas parlamentarias.
OKDIARIO ha podido saber que son varios los Ministerios implicados en la cuestión -al menos Justicia, Vicepresidencia y Presidencia, de quien depende Patrimonio Nacional- porque se trata de una operación «transversal» que ha de «coordinarse al detalle».
La Dirección General de Memoria Histórica, liderada por el socialista Fernando Martínez López, se ocupa de manera prioritaria en la materia y aunque Patrimonio Nacional se «desentiende» de la cuestión, mientras el Gobierno no articule la fórmula jurídica necesaria, desde el Ejecutivo de Sánchez han encargado a la Dirección General de la real institución un informe técnico confeccionado por los antropólogos y forenses del Instituto de Medicina Legal que, al tratarse de la manipulación de un cadáver, tendrán que intervenir en los trabajos.
Un procedimiento extraordinario
El Decreto Ley -constitucionalmente regulado en el artículo 86- tiene una interpretación limitada. El Tribunal Constitucional señaló que se trata de una herramienta «restrictiva y exigente» que requiere un presupuesto de «urgente necesidad».
Al tratarse de un procedimiento extraordinario para dictar una norma que tiene rango de ley, la Constitución lo reserva para situaciones apremiantes que estén justificadas y suficientemente motivadas.
La familia se opone
La familia del dictador ya ha puesto en conocimiento del Gobierno que no se hará cargo de los restos si es exhumado de la basílica del Valle de los Caídos.
Los siete nietos de Francisco Franco, tal y como avanzaba la semana pasada OKDIARIO, acudieron al despacho de un notario de Madrid para dejar constancia de su firme oposición a que la tumba de su abuelo sea trasladada de la basílica de Cuelgamuros. Este documento será el punto de partida de la ofensiva judicial que van a poner en marcha para evitar la exhumación que Sánchez quiere llevar a cabo y a la que el presidente socialista quiere adelantarse.
En paralelo, la Fundación Francisco Franco ha pedido a su equipo jurídico, encabezado por el ex magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Milans del Bosch, que ponga en marcha las medidas legales y judiciales necesarias para frenar los planes anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez que incluirán, además, su ilegalización.
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