Sánchez nombra subdelegado del Gobierno en Valencia a un imputado por corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia al socialista Rafael Rubio, en la actualidad coordinador general del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Ayuntamiento de Valencia, e imputado por corrupción.

Con este nombramiento, una persona que está a punto de ser procesada por corrupción tiene ahora poder sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil. El nuevo subdelegado del Gobierno sustituye en este cargo a José Roberto González Cachorro tras su dimisión la pasada semana.

Precisamente esa Guardia Civil sobre la que ahora tendrá poder es la encargada de investigarle en el ‘caso Taula’ y también a Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, investigado por fraude de subvenciones.

En septiembre de 2019, el diario Valencia Plaza publicó que la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada por la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra, apuntaba que el fiscal del ‘caso Taula’, Pablo Ponce, ya había dado por terminada la instrucción de la pieza B del caso, en la que está imputado Rubio.

Ver al nuevo nombramiento de Sánchez sentado en el banquillo podría estar muy cerca. Y es que el magistrado instructor tendría el auto de procesamiento a «punto de caramelo». Las fuentes judiciales y policiales consultadas por Valencia Plaza reaccionaron este lunes con «sorpresa» ante el nombramiento.

La imputación de Rubio

Rubio está imputado por, supuestamente, haber ‘enchufado’ a una asesora. El magistrado instructor del caso explicaba así la investigación en su auto de 2017: «En esta pieza se investiga si determinadas personas fueron contratadas por Imelsa por mero favoritismo, para cobrar sin hacer nada, o nada que justificara, en términos de contraprestación la retribución percibida a cargo del erario público, en el contexto, de lo que aparecen como prácticas de ejercicio del poder político caciquiles y clientelistas que constituyen aun hoy en día, en la cultura de las sociedades modernas, secuelas del nepotismo y del viejo tribalismo, mediante el desdoro, menosprecio y sacrificio de los intereses público que los cargos electos deben preservar, y en grado tal que no solo resulten criticables, sino que además infrinjan el derecho penal (malversación)».

La asesora supuestamente ‘enchufada’ por Rubio era  Carolina de Miguel, y el juez dijo esto de ella: «Fue una de las personas contratadas por Imelsa con supuestas funciones de asesoramiento (…) con el beneplácito de la presidencia de la Diputación, por decisión directa de su jefe de Gabinete, articulación formal del contrato por el director gerente, y la petición inicial y proposición de un consejero, todos ellos investigados, a lo que hay que ligar que en el breve espacio de tiempo que estuvo contratada, y cobró por ello, la investigada sencillamente no ha podido demostrar que hiciera nada que justificara el sueldo percibido».

Carolina de Miguel aseguró durante su declaración ante el magistrado que entró a trabajar en Imelsa «porque tenía experiencia en política social», una experiencia que no tenía nada que ver con el trabajo que se realizaba en la empresa pública a petición expresa de Rubio.

De Miguel dijo que «él sabría si sus trabajos estaban vinculados a Imelsa o no», al intentar explicar los trabajos que hacía para Rubio. Además añadiço que realizaba los trabajos «que le encomendaba Rafael Rubio» y luego ya no sabía «a qué se destinaba la información».

La ex asesora dejó en evidencia a su diputado al asegurar que su tarea «era muy similar a la que realizaba en el Congreso de los Diputados: documentos, trabajos y recopilación de datos, sobre todo concentrados en pequeños municipios que eran los que le interesaban a él». Para los presentes, esas palabras evidenciaron que el trabajo que hacía la asesora no era sobre la empresa de la que cobraba, sino sobre temas relacionados con la Diputación.

El currículum de Rubio

Rafael Rubio ha ocupado distintos cargos políticos como el de concejal del PSPV y portavoz de esta formación en el consistorio de la capital valenciana, portavoz socialista en la Diputación de Valencia, y diputado autonómico en las Cortes Valencianas. Asimismo, ha tenido diversas responsabilidades en la dirección del PSPV-PSOE, tanto en la ciudad de Valencia como en el ámbito autonómico.

El nuevo subdelegado del Gobierno en Valencia es funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado (en situación de excedencia voluntaria), y funcionario del Ayuntamiento de Valencia, técnico superior de Administración Especial (en situación de servicios especiales).

Además, es profesor EGB (Universidad de Valencia); licenciado en Geografía e Historia, Sección Geografía (Universidad de Valencia) y
Grado en Derecho (Unir), así como diplomado en Análisis Territorial (Universidad Politécnica de Valencia).