Sánchez ilegalizará la Fundación Franco pero ayudará a las que hacen apología de asesinos del Frente Popular

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes la reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007, un texto que conllevará la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Sin embargo, el Ejecutivo socialcomunista permitirá al mismo tiempo que asociaciones que hacen apología de asesinos del Frente Popular continúen con su actividad y además reciban subvenciones públicas.

Estas entidades que ensalzan a figuras protagonistas del bando republicano de la Guerra Civil española, involucradas también en el horror y en el pasado más negro de este país, podrán recibir cuantiosas subvenciones públicas por parte del Ejecutivo de Sánchez que prosigue la línea del revisionismo histórico iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 29 de julio la orden ministerial que regula la próxima concesión de subvenciones para actividades relacionadas con la Memoria Histórica.

Entre estas fundaciones se encuentran, por ejemplo, la Fundación Largo Caballero, la Fundación Domingo Malagón, nombre del responsable del aparato de falsificación del Partido Comunista e integrante del Quinto Regimiento de las milicias populares, la Fundación Anastasio de Gracia o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo.

En su caso, la Fundación Largo Caballero, fundada en 1978 para ensalzar la figura del Lenin español y vinculada al sindicato UGT, recibió del Ejecutivo de Zapatero sólo en el año 2009 más de 200.000 euros para proyectos como el ‘Archivo Oral del Sindicalismo Socialista’. Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT cuando se declaró la Guerra Civil, tomó la decisión de armar a las milicias populares.

Paracuellos y checas

Es más, las figuras de Largo Caballero y del dictador Francisco Franco coinciden en que ambos dieron golpes armados contra la Segunda República. El líder del PSOE fue promotor del golpe de 1934 y además era jefe de Gobierno cuando tuvo lugar en la zona republicana la matanza de Paracuellos, entre otros, después de las sacas de cárceles y checas (lugares de exterminio de influencia soviética).

Por su parte, la fundación Domingo Malagón recibió entre 2006 y 2010 por orden del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero subvenciones por un importe total de 421.342,56 euros, de los que 193.165 fueron para la recuperación de fosas. La cantidad restante se destinó a estudios, monolitos y placas. Domingo Malagón combatió contra el bando nacional y formó parte del Quinto Regimiento.

De igual modo, la fundación Horacio Fernández Inguanzo obtuvo en esos años una asignación de 45.000 euros para una actividad archivística titulada ‘Un acercamiento prosopográfico a la represión contra los comunistas, 1956-1963’. Fernández Inguanzo, el Paisano, integró las milicias comunistas con el rango de teniente de artillería durante la Guerra Civil.

En cuanto a la fundación Fundación Anastasio de Gracia, también recibió dinero público del Ejecutivo de Zapatero. Por ejemplo, 40.226 euros para la «dignificación moral de los líderes sindicalistas del metal». Anastasio de Gracia fue subsecretario de Armamento del Ministerio de Armamento Nacional bajo la presidencia del Gobierno republicano de Juan Negrín, tras haber sido ministro de Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión entre 1936 y 1937.

El socialista Anastasio de Gracia llegó a visitar la checa liderada por Agapito García Atadell. Lo cuenta así el historiador José María Zavala en Los gánsters de la Guerra Civil (Plaza & Janés, 2006): «Para la realización de sus fechorías, los chequistas de Atadell contaban con el respaldo de la autoridad oficial y de la Agrupación Socialista Madrileña, así como de la minoría parlamentaria del Partido Socialista, cuyos representantes, incluido algún ministro como Anastasio de Gracia, visitaban la checa y alentaban a sus miembros».

«Incitación a la violencia»

El anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el Gobierno de PSOE-Podemos para ampliar la norma de Zapatero de 2007, alude en su título II capítulo IV al «deber de memoria como garantía de no repetición».

Según el Ejecutivo, este apartado «incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista». Nada dice de aquellas otras fundaciones que rinden homenaje desde su propio nombre a quienes fueron responsables de la violación de derechos humanos por parte del bando republicano.

Además, el texto impulsado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, prevé «acciones en el plano educativo actualizando los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato», según consta en la referencia del Consejo de Ministros.

El articulado también declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957 por un decreto franquista y encargada de gestionar «con plena personalidad jurídica» los bienes del enclave, sus edificios y mobiliario, a través de la comunidad benedictina allí instalada.