El TSJC pide ejecutar la inhabilitación a Artur Mas, Ortega y Rigau desde el 23 de enero por el 9N

En un auto recogido por Europa Press, el alto tribunal declara la firmeza de la sentencia desde el 23 de enero, fecha en que la Sala Segunda del Tribunal Supremo estimó en parte los recursos de casación interpuestos por las defensas de Ortega y Rigau y rebajó las penas de inhabilitación impuestas por el TSJC.

Así, Mas fue condenado a una inhabilitación de un año y un mes para ejercer cargos públicos en el ámbito local, autonómico estatal y a ejercer funciones de gobierno en el ámbito autonómico o estatal, por lo que estará inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020; Ortega fue condenada a nueve meses de inhabilitación –no podrá ejercer hasta el 23 de octubre de este año– y Rigau a seis meses –hasta julio de este año–.

El TSJC acuerda en su auto incoar la ejecutoria de la sentencia por el letrado de la Administración de Justicia de la Sala, que empezará a contar a partir del 23 de enero, y requiere a los penados el pago de las penas de multa impuestas: 36.500 euros para Mas, 30.000 Ortega y 24.000 euros en el caso de Rigau.

El Tribunal Supremo rebajó hasta un año y un mes la condena de dos años de inhabilitación que impuso el TSJC al expresidente de la Generalitat por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, igualándola a la que se impuso al exconseller Francesc Homs.

Asimismo, la Sala de lo Penal rebajó el tiempo de inhabilitación a Ortega y Rigau, quitándoles un año a cada una, si bien confirmó el resto de pronunciamientos de la sentencia impugnada.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo integrada por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres celebró la vista de los recursos de los exdirigentes de la Generalitat el pasado 7 de noviembre.

El TSJC concluyó en su sentencia que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron «consciente y deliberadamente» el mandato del TC al mantener la consulta sobre la independencia del 9N pese a la orden de suspenderla.

Tras la suspensión cautelar del Constitucional del 4 de noviembre de ese año, se mantuvo activa la web institucional, la campaña de publicidad, el reparto masivo de correspondencia oficial, se repartió el material para la votación, se instalaron los programas informáticos y se acondicionó un centro de prensa para dar los resultados, señaló la resolución del tribunal catalán.