Ley Orgánica del Poder Judicial

La reforma del poder judicial someterá a control político al presidente de los jueces

Los jueces desconocen si el contenido del dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso se mantiene integramente

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no convence a los profesionales por el mayor control político que encierra

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La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial encierra un mayor control del Gobierno y el Parlamento sobre los jueces

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) afectará a la independencia judicial y establece un mayor control político sobre los jueces. El texto de la norma obliga, entre otras medidas, al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a comparecer anualmente ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar explicaciones.

Además, los magistrados critican la interferencia política en el CGPJ y la reducción de la independencia judicial que supone la posibilidad de que los grupos parlamentarios, previa solicitud de dos de ellos, puedan citar en el Congreso a cualquiera de los consejeros.

Los jueces ‘enmiendan’ el dictamen de dicha Comisión parlamentaria en lo relativo a lo previsto para el CGPJ. Consideran que el cambio de la norma encierra la eliminación de competencias al Consejo para transferirlas al Ministerio de Justicia.

En dicho dictamen, elaborado por PSOE, PP y Podemos, se propone incrementar el control del Ejecutivo sobre los jueces y la reducción de las facultades del CGPJ en lo relativo al reto de la digitalización de la Justicia y el desarrollo de la oficina judicial virtual. Así como la intervención del Ministerio en la redistribución de la planta judicial, que es el modelo de organización del número y ubicación de los juzgados y tribunales.

Tampoco ha gustado en la magistratura pérdida de competencias del Consejo General para informar sobre letrados de la Administración de Justicia y personal al servicio de Justicia. Consideran que se trata de una «desjudicialización» encubierta en pro del mayor número de competencias del poder Ejecutivo, a través del propio Ministerio de Justicia.

La críticas se extienden, también, al hecho de que la reforma de la LOPJ en curso no se haya remitido antes al Consejo General del Poder Judicial lo que, en la práctica, supone que los profesionales afectados por la misma no hayan podido pronunciarse al respecto. En especial, en un momento en que, ante la intención de desprestigiar al Poder Judicial, los jueces manifiestan su inquietud y preocupación tras ser dejados al margen de decisiones tan sensibles.

La ‘Francisco de Vitoria’ en contra

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha sido una de las más explícitas en su oposición al texto, medidas -y alcance de las mismas- que integran el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso y asegura que se desconoce si el texto se mantendrá íntegro para la reforma definitiva de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Por ello han redactado un informe con enmiendas al mismo  y lo ha remitido a los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, en el Congreso y el Senado. En su comunicado explicativo, advierten sobre la necesidad de que todos ellos les escuchen «antes de tomar una decisión que nos afecta».

La AJFV explica que con el pretexto de adaptar la legislación vigente a las recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), se escogen «sólo aquellas medidas que interesan y no la fundamental, la de elección de los vocales judiciales por los jueces, también exigida» y se aprovecha para introducir otras modificaciones en la LOPJ que “afectan directamente a la independencia judicial”.

En este sentido, fuentes de la asociación confirman a OKDIARIO que confían en que el PSOE -hasta el momento la formación a la que menos gusta la medida- cambie su criterio y se sume a las enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos que apuestan por el modelo de votación directa de los jueces para la elección de los 12 vocales del CGPJ.

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