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Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 38 días: giro sobre el Sáhara Occidental

Supuso un cambio de política exterior sin respaldo parlamentario, una crisis con Argelia y una profunda división en el Gobierno

El 18 de marzo de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó uno de los mayores cambios de la política exterior española al respaldar el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Lo hizo mediante una carta enviada al rey Mohamed VI, sin haber consensuado previamente la decisión con el Congreso de los Diputados ni con sus socios de Unidas Podemos.

El cambio se conoció, además, por un comunicado de la Casa Real marroquí, que hizo pública la nueva posición española antes de que Moncloa la explicara. En la misiva, Sánchez consideraba la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007 como «a base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.

Hasta entonces, España había mantenido una posición de apoyo a una solución negociada bajo el marco de Naciones Unidas, sin decantarse expresamente por la propuesta de Rabat. El plan marroquí contemplaba una autonomía para el Sáhara Occidental bajo soberanía de Marruecos, frente a la reivindicación del Frente Polisario de celebrar un referéndum de autodeterminación.

La contradicción con la posición anterior del Ejecutivo quedó reflejada en sus propias comunicaciones oficiales. Sólo 17 días antes, el 1 de marzo de 2022, el Gobierno había defendido por escrito ante el Congreso que la posición española sobre el Sáhara era «constante» y que apostaba por una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable.

El giro también contrastaba con el programa electoral del PSOE de 2019, en el que los socialistas se comprometían a promover una solución conforme a las resoluciones de Naciones Unidas que garantizase el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

La decisión provocó una fuerte contestación parlamentaria. El 7 de abril de 2022, el Congreso aprobó una proposición no de ley contraria al cambio de posición, con 168 votos a favor, 118 en contra y 61 abstenciones. El PSOE se quedó prácticamente solo defendiendo la nueva política del Gobierno, mientras que el PP y sus propios socios de Unidas Podemos respaldaron la iniciativa. La resolución no era vinculante, pero evidenció la falta de consenso parlamentario.

Las consecuencias también llegaron al terreno diplomático. Argelia, uno de los principales suministradores de gas de España, llamó a consultas a su embajador en Madrid el 19 de marzo y, el 8 de junio de 2022, anunció la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado en 2002. Además, impuso restricciones al comercio con España. Las relaciones comenzaron a recuperarse en 2023 y las restricciones comerciales se levantaron progresivamente durante 2024.

Sánchez defendió su decisión como una forma de recuperar la estabilidad en las relaciones con Marruecos tras la crisis bilateral de 2021 e insistió en que cualquier solución debía alcanzarse en el marco de Naciones Unidas. El respaldo al plan de autonomía no implicó un reconocimiento formal de la soberanía marroquí sobre el territorio.

El resultado inmediato fue un cambio de política exterior sin respaldo parlamentario, una crisis con Argelia y una profunda división dentro del propio Gobierno de coalición.