Puigdemont ordenó burlar los controles de Montoro para inflar sueldos en sus ‘embajadas’

Carles Puigdemont ordenó tramitar sueldos inflados dentro de las partidas destinadas a las ‘embajadas’ catalanas de Diplocat. Lo hizo pese a los reparos de la Intervención y en contra de las advertencias que remitía Montoro por carta ya en el año 2016.

La Guardia Civil ha accedido a nueva documentación que demuestra que la Generalitat y sus responsables se saltaban las indicaciones de control del gasto pese a las advertencias expresas del Ministerio de Hacienda y pese a que la Intervención de la propia Generalitat había mostrado “reparos”.

El documento –al que ha tenido acceso OKDIARIO– puede tener una importancia decisiva en un momento en el que el Tribunal de Cuentas ha acordado ya el inicio de una investigación de las finanzas y gastos de la red diplomática de la Generalitat (Diplocat, las conocidas como ‘embajadas’ catalanas) para comprobar el destino dado a los recursos asignados a la política de acción exterior de Cataluña entre los ejercicios 2011-2017.

Los documentos detectados por la Benemérita se refieren a anotaciones de los golpistas sobre reuniones celebradas en el año 2016. En concreto, entre febrero y abril.

Los escritos, que han sido ya remitidos a la Justicia tras la exigencia de diligencias por parte de la acusación popular de Vox, recogen notas en las que se reconocen los problemas para contabilizar y pagar las “nóminas” adscritas al servicio de Diplocat, precisamente, porque nadie se quería “responsabilizar” a causa de la evidencia de que la Intervención había mostrado ya sus “reparos” a las cuantías incluidas.

El informe de la Guardia Civil recoge literalmente lo siguiente: “Figura escrito lo siguiente: nómina, se tramitan jueves (circuito pago). Exteriores no estaba. Sánchez pide info de los informes. IG (posiblemente en referencia a Intervención General) válida nóminas bajo reparo (firmará al amparo del acuerdo de gobierno) que no podía leer”.

El secretísimo de las conversaciones deja constancia de lo delicado del asunto. Y es que la Guardia Civil sospecha ya que no sólo se trataba de sueldos inflados para el personal adscrito oficialmente a este servicio de supuestas embajadas. Sino que, posiblemente, a esas alturas, se estaban ya usando partidas infladas para camuflar gastos que se dirigían a preparar el golpe o las estructuras que los separatistas consideraban necesarias para romper con España.

“Necesario que lo firme alguna persona que no es la interventora general. Tesorería había sentido ‘campanas’ pero no detecta nada”, añaden los representantes del Govern golpista acto seguido. “Es necesario hacer un mapa en circuito para identificar responsables y que todo el mundo sepa que firmas son necesarias”, se añade, porque lo cierto es que crearon un esquema paralelo para eludir los controles. “Nadie asume responsabilidad”, concluyen las notas de los representantes del Govern activo en ese momento, dejando clara la peligrosidad de la labor de engaño que llevaban a cabo ya en 2016.

Unas segundas anotaciones de abril de ese mismo 2016 muestran las referencias a las advertencias directas que ya recibía la Generalitat procedentes del Ministerio de Hacienda: “Carta Montoro”, señala el inicio de un apartado incluido en ese mes de abril. “Constan las siguientes anotaciones ¿se había recibido alguna carta anteriormente? No lo saben bien. Llamadas. Videoconferencias”. Y se añade “carta es muy dura, es clara y contundente. Pero ambigua en las cifras, no podemos decir que no atendemos”, porque se decidió sortear el control de Hacienda, pero sin mostrar la oposición abierta y frontalmente. “Estamos avanzando en equilibrio. Decisiones políticas Montoro, más decisiones políticas de reducción gastos, finanzas, impuestos, reparto déficit, estamos en contacto con el Ministerio. Ahora solicitan recortes”, indican los responsables económicos del Govern, como advertencia ante los controles que imponía Montoro sobre unas cuentas que levantaban ya por 2016 todo tipo de sospechas.

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha emitido ya una resolución en la que señala que inicia su fiscalización sobre las cuentas de Diplocat. El Tribunal, con ese objetivo, ha solicitado información de hasta 29 entidades y de los años entre 2011 y 2017 para poder cruzar los datos del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, liquidado ya por la aplicación del 155 y que era una entidad público-privada al servicio de la Generalitat para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional. La documentación en poder de la Guardia Civil deberá ser ahora también revisada en esta instancia ante la evidencia de que puede esconder pruebas del descontrol de gastos de este organismo diplomático.