PSOE y Podemos vetan una pregunta sobre los beneficios a violadores: «Es materia ajena al Gobierno»

La Mesa del Congreso de los Diputados -donde PSOE y Podemos tienen mayoría- han vetado una pregunta al Gobierno en la que se pedía conocer cuántos «delincuentes sexuales se han visto beneficiados» por la conocida como ley del sólo sí es sí. El único recuento disponible es el que, sin periodicidad fija, ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que en la actualidad eleva a 1.097 los violadores, pederastas y abusadores sexuales a los que se les ha rebajado su condena, de los cuales, 108 han sido excarcelados.

La actualización hasta ahora disponible se publicó el pasado 11 de mayo. Hasta entonces, el último dato era del 12 de abril. Ese lapso de tiempo sin conocer las cifras de rebajas de condenas y excarcelaciones generó muchas suspicacias. El diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, dirigió una pregunta al Gobierno para su contestación por escrito en la que solicitaba el por qué de esa ausencia de información. «¿Ha dado el Gobierno órdenes al CGPJ para que no publique esos datos? ¿Con qué objetivo?», planteó el parlamentario.

Más allá, el diputado reclamó, en concreto, la cifra de delincuentes sexuales beneficiados hasta ese momento con reducciones de pena y excarcelaciones.

Sin embargo, la Mesa no permitió su tramitación, alegando que la pregunta trataba sobre «materia ajena a la competencia del Gobierno». En consecuencia, instó al diputado a reformularla, algo que no se produjo. Cumplido el plazo esta semana, ha sido desestimada. 

El criterio para decidir qué preguntas son o no tramitadas ya ha sido motivo de polémica en ocasiones anteriores. La mayoría del Gobierno socialcomunista ha rechazado entrar en asuntos sensibles para los socios amparándose en esa ambigua falta de «competencia» del Ejecutivo sobre la materia en cuestión. Esta vez, evitan responder sobre esta crisis, la más grave de la legislatura, y en pleno ciclo electoral.

Según este criterio de exclusión, cualquier pregunta relativa a las rebajas de condenas y excarcelaciones podría ser vetada. El Gobierno se ampara en que, en último término, se trata de una decisión de los jueces pero, claro está, en aplicación de la ley impulsada por Irene Montero y aceptada por todo el Consejo de Ministros. El recuento de los agresores beneficiados es, además, responsabilidad del Ministerio de Justicia.

«Se han escudado en una motivación absurda», señala Cambronero, que destaca que «las estadísticas del Poder Judicial son una labor gubernamental pura». «Es absurdo a todas luces. Pero suelen utilizar estos subterfugios para no responder a las preguntas que les realizo y que suelen ser incómodas», añade el diputado, lamentando que los socios de coalición usen «a su antojo» la Mesa del Congreso y la Secretaría General de la Cámara.

Desde que estalló la crisis, el Ejecutivo ha tratado de descargar en los jueces su responsabilidad sobre las reducciones de pena y las salidas anticipadas de prisión. Desde el Ministerio de Igualdad se les ha acusado reiteradamente de «aplicar mal la ley», incluso de forma intencionada debido a su «machismo». Un tercio de las condenas revisadas ya han supuesto una reducción de la pena del reo.