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CATALUÑA

El PSOE se burla del Supremo: quiere más clases en inglés para arrinconar aún más el español en Cataluña

  • Joan Guirado
  • Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.

El PSOE de Salvador Illa se burla del Tribunal Supremo y propone ahora más horas lectivas de inglés en detrimento del español en las escuelas catalanas. Así lo refleja la ponencia marco del XV congreso del PSC, que se ha celebrado este fin de semana y que marcará la hoja de ruta de la formación de Illa para los próximos cuatro años.

En concreto, lo que pretenden los socialistas catalanes, según han detallado a este periódico, es que el 25% de clases que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo dictaron que se debían impartir, se puedan realizar indistintamente en español o inglés. Rebajando así aún más las horas lectivas que los alumnos reciben en la lengua común. La Justicia sentenció que se debía impartir una segunda materia en español, aunque muchos centros educativos no lo cumplen.

De hecho, la Generalitat, en la misma línea que el PSOE, ya burló la sentencia del Supremo sin que el Gobierno de Pedro Sánchez hiciese nada. Una potestad que confiere al Consejo de Ministros y que se ha utilizado en múltiples ocasiones para impedir a los gobiernos autonómicos legislar al margen de la ley.

El PSOE, además, votó en sede parlamentaria en contra de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, en la que se instaba al Ejecutivo a recurrir el decreto del catalán para evitar la aplicación del 25% de castellano en las aulas tal como exige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ratificada por el Tribunal Supremo.

Y es que además de ese decreto, impuesto por el entonces conseller Josep González Cambray, el Govern también ha impulsado otro decreto del Régimen Lingüístico del Sistema Educativo, con el que refuerzan la enseñanza de la lengua autonómica, la única vehicular en el sistema educativo, con una serie de medidas que obligan a su aprendizaje por parte del alumnado, el personal docente e incluso el no docente.

El PSOE de Salvador Illa, en su ponencia ideológica, suscribe que «garantizaremos el aprendizaje y dominio competencial oral y escrito del catalán, el castellano y el inglés al terminar la educación obligatoria». Aunque en realidad, en su propuesta, lo que hacen es potenciar el uso del catalán y reducir la enseñanza del español con más horas de inglés. El nivel de los niños y adolescentes en esta región es cada vez más bajo.

Los socialistas catalanes dicen proponer esta medida para «desactivar la lengua como una fuente de conflicto partidista e identitario». Se refieren en estos términos, «conflicto partidista e identitario», a la lucha que durante muchos años distintas familias catalanas han impulsado para garantizar a sus hijos más horas de escolarización en español para que tengan un nivel parecido al de los niños de otras autonomías.

Una de estas familias es la de Javier Pulido, padre de una niña de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), a la que la dirección del centro y otras familias del municipio alentadas por el separatismo le hicieron la vida imposible por pedir que se ejecutara su derecho a que su hija pudiera recibir un 25% de las clases en español.

Pulido y su familia tuvieron que llegar a sufrir, incluso, que se pidiera el apedreamiento de su domicilio. El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les dio la razón al desestimar el recurso que había impuesto la Generalitat. La Justicia obligó a la escuela Turó del Drac a tener una segunda asignatura en castellano, más allá de la que se cursa para aprender la lengua común. Una medida que no gustó a la dirección del centro, que pidió no aplicarla. La Generalitat les dio amparo.

En el último curso escolar, el que finalizó en junio de 2023, más de 200 familias siguieron los pasos de Javier Pulido y reclamaron a los centros educativos de sus hijos el cumplimiento de la sentencia judicial. Pese a que hace una década esta cifra no llegaba ni a un 25%, situándose por debajo de las 50 familias, cada vez son más los que acuden a los juzgados para que el profesorado cumpla con un derecho que tienen sus hijos. Aunque en muchas ocasiones eso suponga un señalamiento público e incluso situaciones de acoso a los menores.