El PP dispuesto a que el 60% de los miembros del CGPJ sea elegido por los jueces y no por el Parlamento

La despolitización de la Justicia es un punto clave para que la negociación entre PP y Ciudadanos llegue a buen puerto y la formación de Albert Rivera apoye la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Precisamente, este asunto hizo encallar ayer las conversaciones entre ambas formaciones. Unas negociaciones que se retoman hoy mismo con la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, sobre la mesa.

En la actualidad, el llamado Gobierno de los jueces está constituido por veinte miembros, denominados vocales, elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, «entre jueces y juristas de reconocida competencia». Es decir, los políticos eligen a los máximos representantes de los jueces y su mandato se extiende por un periodo de 5 años. El presidente del CGPJ es a su vez el Presidente del Tribunal Supremo y es designado por el Pleno del Consejo.

Según fuentes autorizadas del partido, los populares estarían dispuestos a aceptar que el 60% de los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento. Es decir, el Gobierno de los jueces volvería a estar en manos de los jueces, que designarían a 12 de los 20 vocales, tal y como se estableció en el artículo 122 de la Constitución española de 1978.

El apartado 2 del citado artículo de la Carta Magna establece que el Consejo General del Poder Judicial «es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario».

También en el artículo 122 de la Constitución, apartado 3, se indica que de los 20 vocales del CGPJ serán elegidos «doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión».

Sin embargo, 7 años después de que la Constitución fijase que 12 de los 20 miembros del CGPJ fueran designados por los propios jueces y magistrados, esta norma interpretable se modificaba con la aprobación de la Ley Orgánica a la que aludía la Carta Magna.

El artículo 112 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial fijaba entonces que cada una de las cámaras que forman las Cortes Generales elegía a diez vocales por mayoría cualificada de tres quintos. Seis entre jueces en servicio activo y cuatro entre juristas de reconocida competencia.

Esta reforma provocó que la independencia del poder judicial desapareciera y se hiciera famosa la frase del socialista Alfonso Guerra, «Montesquieu ha muerto», aludiendo a la desaparición de la separación de poderes.

En la primera legislatura de Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón anunció su intención de despolitizar la Justicia y volver al mandato constitucional que exigía la designación de doce miembros del CGPJ por los magistrados y jueces de la carrera judicial. Una intención que finalmente se quedó en agua de borrajas.

PP y C´s sobre la Justicia

Precisamente, el partido de Albert Rivera tras pedir la supresión directa del CGPJ, se inclinó por proponer la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados. Ésta es la medida que finalmente el PP aceptaría para avanzar en las negociaciones.

Desde Ciudadanos, también aseguraban que una vez se abriese el debate constitucional, propondrían «fórmulas para garantizar la independencia mediante el nombramiento de un consejo reducido y con poderes limitados».

Por su parte, el PP de Mariano Rajoy en el documento que envió al resto de partidos recogía un epígrafe concreto sobre la Reforma de la Justicia: «Pacto de Estado sobre la Justicia, para mejorar su independencia, eficiencia y calidad» y «seguir impulsando una Justicia gratuita de calidad», así como «fortalecer la figura del Ministerio Fiscal».