El PP denuncia ante la Alta Inspección al profesor de Compromís que les culpa de las muertes del coronavirus

Un instituto público valenciano ha aprovechado el coronavirus para adoctrinar a sus alumnos y culpar al PP de las muertes por la Covid-19. OKDIARIO publicó la noticia y los responsables populares trasladaron de inmediato el caso a la Consejería de Educación del Gobierno de Ximo Puig. El profesor adoctrinador ha formado parte de las listas electorales de Compromís; y el consejero de Educación, Vicent Marzà, es de Compromís: conjunción astral que ha sido suficiente para que la Consejería de Educación no haya querido mover un dedo en defensa de los menores.

El PP de Isabel Bonig ha decidido no pararse y denunciar el caso ante la Alta Inspección de la Educación y ante el Síndic de Greuges valenciano.
 El profesor en cuestión hizo el adoctrinamiento pidiendo a los alumnos que leyeran artículos tan ‘neutrales’ como el titulado ‘El Partido Popular es el único culpable del debilitamiento de la sanidad pública’.

Lo hizo, además, un profesor tan neutral como que fue en las listas de Compromís en las últimas elecciones municipales del 26-M. Y lo hizo, efectivamente, amparado en la nula reacción del consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, que resulta que es del mismo partido: Compromís.

Artículos doctrinarios

El profesor pertenece al Instituto Público Jaume I de Burriana (Castellón). Y pidió a sus alumnos de Primero de Bachillerato que leyeran un artículo titulado ‘El Partido Popular es el único culpable del debilitamiento de la sanidad pública’ y otro titulado ‘Un recorte de 20.000 millones en ciencia’.

Lo hizo, tal y como publicó OKDIARIO, para debatir «si hay una relación entre los recortes en investigación y sanidad y las muertes por Covid-19 en España». El profesor en cuestión es José Luis García Martínez. Y su acreditación como docente plenamente neutral quedó retratada el pasado 26-M: porque en esas elecciones municipales, ocupaba el número tres en la candidatura de Compromís por la localidad de Benetúser (Valencia).

El caso de adoctrinamiento fue denunciado por el PP, sin que se haya producido reacción alguna de la Consejería de Educación de Marzà.

José Luis García Martínez «se dedica a la docencia y colabora como asesor en la Sectorial de Cultura» del Ayuntamiento de Valencia y en «la Sectorial de Patrimonio» de las Cortes Valencianas, señala su ficha en ‘Academia’, una web especializada en publicaciones y profesionales de la educación.

El profesor encargó este ejercicio a los menores asegurando que la «documentación» remitida era para que los menores se pudieran «crear una opinión». Y lo hizo proponiendo un tema de debate que nada tenía que ver con la asignatura cursada: en concreto, la asignatura era la de Historia del Mundo Contemporáneo.

La denuncia

Ahora, Beatriz Gascó Enríquez, diputada de las Cortes Valencianas del «Grupo Parlamentario Popular, […], vengo a recabar la intervención de la Alta Inspección de Educación del Estado en la Comunitat Valenciana, conforme a sus competencias del art. 150 de la Ley Orgánica de Educación, que afectan claramente a los alumnos del referido centro educativo público de titularidad de la Administración de la Generalitat, así como a sus progenitores o tutores legales».

La denuncia recuerda que en los artículos recomendados por «D. José Antonio Gómez, se realizan afirmaciones como las siguientes: la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pasa de la lealtad debida por cualquier dirigente político responsable al Estado en una crisis como la que se está viviendo y demuestra que sólo es leal a la gaviota que tanto se alimentó de la corrupción en los años pasados»; «otra cuestión es el aparato mediático controlado por el PP que están llegando a unos grados de mezquindad impropios de la situación que se está viviendo en España»; «mientras los profesionales sanitarios están dando, literalmente, la vida para salvar vidas, con unos recursos diezmados por los recortes del PP, desde la derecha se pretende colocar una cortina de un humo plagado de deslealtad y de indignidad para que la ciudadanía se olvide del austericidio del gobierno del Partido Popular que tanto daño ha hecho a todos y a todas».

Beatriz Gascó igualmente ha pedido «la intervención del Síndic de Greuges para la investigación y esclarecimiento de las conductas que se exponen, al amparo de lo previsto en el artículo 10.III de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, que afectan claramente a los alumnos del referido centro educativo público de titularidad de la Administración de la Generalitat, así como a sus progenitores o tutores legales».

«Por todo ello, solicito del Síndic de Greuges la apertura de un expediente conforme al art. 10, párrafo III, de la Ley del Síndic de Greuges, que permita la inmediata investigación conducente al esclarecimiento de la situación descrita», sostiene.