Podemos admite en su portal de Transparencia que ningún escolta estaba contratado en Seguridad

Podemos revela en su portal de Transparencia que ninguno de sus empleados estaba contratado en el área de Seguridad, a excepción del responsable de la misma, como se detalla en el epígrafe ‘Personal Contratado’, actualizado a fecha de 31 de junio de 2017.

Por aquel entonces, y según esta información aportada por el propio partido, la ex trabajadora que ahora demanda a Podemos por el trato «discriminatorio» de Irene Montero, como reveló en exclusiva OKDIARIO, no formaría parte de ese departamento pese a estar ya contratada -desde febrero de 2016- como escolta exclusiva de Pablo Iglesias y, más tarde, de Montero.

En los datos accesibles y que, según la formación, habrían de componer el retrato fiel de la situación de la contratación en el partido, únicamente figura VH.MB como Director de Seguridad. Como reveló este periódico, la demandante fue contratada como personal del Área de Logística del Partido, en el grupo de «ayudantes no titulados». La circunstancia fue advertida en 2016 por el entonces jefe de Seguridad, Sergio Illanes, quien, en un correo remitido a la dirección -entre otros destinatarios a Montero y a Pablo Echenique- avisaba de que «dado que las funciones que viene a desempeñar son las de escolta», el hecho de que en los contratos figurase una categoría profesional diferente generaba un «problema legal» grave.

Illanes alertaba de que la omisión de Podemos dejaba a los afectados -dos contratados, entre ellos la demandante- en «una situación de clara ilegalidad, sobre la que son responsables tanto ellos -de forma injusta- como el partido».

Como reveló también este periódico, la información de OKDIARIO ha puesto en alerta a la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) que han puesto el caso en conocimiento de las autoridades policiales.

La Dirección General de la Policía investiga ahora de oficio si Podemos cumplió con los trámites y requisitos que exige la Ley para contratar a personal de Seguridad.

En un escrito, la asociación advierte de que «la contratación directa de este tipo de servicio incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014», al tiempo que considera «de especial gravedad” que “este tipo de comportamiento” se dé “por parte de miembros del legislativo”.

La legislación prohíbe la contratación de personas no habilitadas por el Ministerio del Interior para estas funciones, estando previstas en estos casos sanciones de hasta 600.000 euros.