El PNV exige a Sánchez acercar a los presos etarras a cárceles vascas sin necesidad de que se arrepientan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cede ante los separatistas catalanes. Pero también ante los vascos: el Gobierno del PNV presidido por Íñigo Urkullu ha pedido a Sánchez que no se exija a los presos de ETA el principal criterio de reinserción: que el terrorista muestre arrepentimiento por sus crímenes y, por lo tanto, su deseo de reinsertarse.

La medida supondría, tal y como persigue el PNV, un acercamiento masivo de presos etarras y todo un eslogan político para la formación independentista.

El argumento del partido jetzale pasa por afirmar que la dispersión de presos etarras es un castigo adicional. Punto que es radicalmente falso. El 25% de los presos no terroristas están cumpliendo prisión fuera de sus Comunidades Autónomas. Y la mitad de ellos lo hacen fuera de su provincia. Según datos hechos públicos en 2018, en términos numéricos, cumplen condena fuera de sus Comunidades cerca de 14.750 presos de los 59.000 reclusos que hay en España. Es más, hay cinco Autonomías, más Ceuta y Melilla, con índices de dispersión superiores al 30%.

Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó en 2017 tres demandas de presos de ETA esgrimiendo este punto y avaló la dispersión exponiendo que no hay ningún tipo de “injerencia en el derecho al respeto de su vida familiar” y que España no vulnera los derechos de los presos por el hecho de que éstos no cumpliesen pena en cárceles próximas a sus familias. Y volvió a pronunciarse en el mismo sentido en mayo de 2019, cuando rechazó el recurso presentado por otro preso de ETA e insistió en que la política de dispersión está justificada y amparada por la ley y tiene el fin de “evitar problemas de seguridad y cortar los lazos con la organización criminal”.

Que el Gobierno vasco del PNV pida acercar a presos de ETA sin que éstos hayan iniciado el camino de la reinserción supone, simplemente, renunciar al primer punto de la Ley General Penitenciaria, que establece que “las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados”. También supone hacer caso omiso al artículo 25.2 de la de la Constitución, que dice que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social”. Y todos esos puntos exigen de una actitud que demuestre el deseo de reinsertarse, es decir, de no volver a cometer los mismos delitos, paso en el que es imprescindible el arrepentimiento de los crímenes cometidos hasta ese momento.

Campaña propagandística

El Gobierno vasco ha iniciado una campaña propagandística propia de la izquierda abertzale en la que ha manipulado utilizando la televisión y la radio pública. El pasado domingo 12 de enero EiTB emitió un reportaje especial sobre dispersión en el que se defendió que la misma “vulnera la ley penitenciaria”, una afirmación falsa dado que la Ley Orgánica Penitenciaria, en su artículo 12, no establece la obligatoriedad de que los reclusos cumplan pena en cárceles próximas a sus domicilios.

Desde el PNV se expone que las progresiones de grado de presos de ETA son algo normal y que sólo suponen aplicar el Código Penal. No obstante, las leyes penitenciarias para las progresiones de grado definen que las mismas están sujetas a la voluntad de los presos de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de asesinatos no resueltos.

El plan del Gobierno vasco blanquea, además, al EPPK, el colectivo de presos de ETA encargado de someter a los reclusos a la disciplina de la banda y a impedir que renieguen de ETA y que inicien el camino de la reinserción. Blanquea al EPPK y pide que el Estado renuncie a promover la reinserción de los reclusos etarras, mecanismo imprescindible para lograr que terroristas orgullosos de serlo renieguen de su pasado y puedan contribuir al esclarecimiento de más de 300 asesinatos sin resolver.