España

Sánchez quiere quitar el control de Duro Felguera a los accionistas tras dejarla caer desde marzo de 2019

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin respaldo a Duro Felguera desde el mes de marzo de 2019. Pese a que ahora se ha justificado la urgencia del actual plan de asistencia, lo cierto es que desde esa fecha en la que se iniciaron los contactos entre la compañía y las autoridades pública para buscar un plan de financiación, no ha habido avances. Ahora, el Ejecutivo quiere utilizar el rescate de 120 millones de euros, que ni tan siquiera está dispuesto a desembolsar por completo en un primer momento, para dejar a los accionistas sin poder sobre cualquier aspecto decisivo.

La negociación de las ayudas a Duro Felguera dio comienzo oficialmente el pasado mes de febrero. Las conversaciones fueron lideradas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Consejo Gestor del Fondo encargado del rescate, en el que se encuentran presentes los ministerios económicos del Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado mes de marzo el plan de ayuda se concretó con el fin de que Duro Felguera pudiera recibir antes de finalizar ese mismo mes una primera inyección de 40 millones de euros -ya se ha desembolsado-. El plan del Gobierno, de hecho, se materializó en el Consejo de Ministros a principios de ese mismo marzo tras lograr el visto bueno de la SEPI.

La comunicación remitida en ese momento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detallaba que Duro Felguera recibiría en un primer momento dos préstamos participativos, de 20 millones de euros cada uno. Y que en una segunda fase, que debe cumplirse antes de que finalice junio -aún no se ha desembolsado-, el grupo de ingeniería debe recibir otro préstamo participativo de 50 millones de euros y el desembolso de otros 30 millones a través de una aportación de capital y un préstamo participativo.

Pero en ningún momento se supo que las conversaciones de Duro Felguera con los poderes públicos comenzaron muchos antes de esas fechas. En concreto, dieron comienzo en marzo de 2019.

Por ese año, Duro Felguera ya atravesaba una situación delicada. De hecho, el organismo con el que contactó la compañía fue la misma SEPI que califica de urgente la ayuda a la sociedad. Las negociaciones no fructificaron, pero no por falta de conversaciones ni de organismos implicados en ellas: en la segunda mitad de 2019 se sumaron el ICO y el Ministerio de Industria.

Pero, durante todo ese tiempo, en el que hubiese resultado más fácil asistir a la empresa, nunca llegó el acuerdo de apoyo a una compañía que, ahora, el mismo Gobierno responsable final de esos organismos públicos califica de estratégica.

Fondos europeos

La asistencia tan sólo se ha conseguido desbloquear tras recibir el Gobierno dinero procedente de Europa con destino al rescate empresarial y tras conseguir un cambio en la cúpula de la empresa que permita contar con representantes más cercanos a los nuevos intereses oficiales pensados para la sociedad cotizada.

El consejero delegado de la empresa, de hecho, ha sido removido: José María Orihuela ha tenido que abandonar la compañía para ser sustituido por Jaime Argüelles.

Duro Felguera, privada y cotizada, se encuentra pendiente de la confirmación del plan de refinanciación y ayuda, donde la anunciada inyección de 120 millones por partes del Gobierno de Pedro Sánchez es decisiva.

Pero lo que tampoco saben los accionistas es que las dudas sobre la concesión de las ayudas empieza a ser generalizada. Y que, ante ese riesgo, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, ha exigido arrebatar las funciones básicas de control a los accionistas y al propio consejo de administración. Y es que, tal y como pretenden los organismos representantes del Gobierno, en todo tipo de decisiones estratégicas, deberá dar el consentimiento previo ese Consejo Gestor -es decir la SEPI y los Ministerios económicos de Pedro Sánchez-, como ha publicado ya OKDIARIO.

Sin control de los accionistas

Los días 29 y 30 de junio próximos está convocada la junta de accionistas de Duro Felguera en plena disputa por el rescate y el futuro de la compañía. Los accionistas acuden allí citados por el Consejo de Administración, teóricamente para aprobar las cuentas, proceder a la “ratificación, reelección y nombramiento de vocales del Consejo de Administración”; “modificar las obligaciones convertibles Clase “A” emitidas por la Sociedad en el año 2018”; y “cancelar las obligaciones convertibles Clase “B” emitidas por la Sociedad en el año 2018, como principales puntos.

Pero lo que los accionistas no saben es que a espaldas suyas se ha definido todo un esquema de eliminación de sus funciones y de traslado del control de la compañía al Consejo Gestor organizado por el Gobierno.

Los acuerdos del Consejo Gestor liderado por la SEPI incluyen hasta 21 cláusulas de limitación de poderes de la Junta y hasta 23 de cortocircuito al poder natural del consejo de administración. Y todo ello bajo la advertencia de que en cualquiera de las decisiones estratégicas o relevantes de la compañía deberá contarse con el “consentimiento previo, expreso y por escrito del Fondo”, como desvela la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Ese fondo no es otro que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Y ese organismo nació de la mano del Gobierno para repartir las ayudas y con la venia de la SEPI. Sus principales integrantes son la propia SEPI, el Ministerio de Economía, el de Hacienda y el de Transición Ecológica.

Traducido: que, a cambio de un rescate -si llega- de 120 millones de euros, los accionistas o su antiguo consejo de administración pierden el control en cualquier punto decisivo de la empresa como, por ejemplo, decidir sobre “fusiones”, “transformaciones”, renovación de “administradores”, “número de miembros” del órgano de administración, “acuerdos de cotización” de acciones, “cambio de auditor” o hasta el “inicio de procedimientos judiciales”.

Todos ellos son poderes habituales de la junta o el consejo. Pero ahora deberán contar con el consentimiento previo de los representantes del Gobierno de Pedro Sánchez.