El País Vasco sigue a Cataluña: el Gobierno abre la puerta a que el PNV también controle las fronteras

El pacto entre el PSOE y Junts para la gestión de la inmigración abre la puerta a asumir esta competencia a otras comunidades, como es el caso de País Vasco que la lleva reclamando desde hace varios años. El Gobierno ha asegurado que, si alguna región manifiesta su intención de asumir la gestión de la inmigración, «lo estudiará con detenimiento». Algo que, de facto, abre la puerta a que País Vasco, que ya negocia con el Ejecutivo el traspaso de la competencia de la última fase de acogida de los solicitantes de asilo, pueda reclamar el control total de sus fronteras.

«Si llega el caso de que alguna comunidad muestra un interés y da un paso hacia adelante en ese sentido, por supuesto se estudiará con total detenimiento y con total rigor. A mí me parece muy importante que haya una responsabilidad en este sentido, en un paso hacia adelante, que da una comunidad autónoma», ha asegurado la ministra de Migraciones, Elma Saiz. La titular del ramo ha asegurado que «no consta» que otras comunidades autónomas hayan manifestado «una voluntad de asumir esta delegación de competencias».

Algo que no es del todo cierto. El PNV lleva reclamando la transferencia de la competencia en materia de inmigración desde la pasada legislatura. El partido de Íñigo Urkullu ya solicitó en 2022 asumir la gestión de la acogida, la atención sociosanitaria y la orientación de los inmigrantes, así como la integración social, económica, lingüística y cultural. Además, piden ejercer la aplicación de la normativa laboral relacionada con las autorizaciones de trabajo, incluyendo labores de inspección y sanción. Pero no es una cosa lejana. Tras conocerse las negociaciones de los socialistas con Puigdemont, el Gobierno vasco precisaba que, si el Estado concediese una transferencia «total» en esta materia a Cataluña, el País Vasco también la reclamaría.

Ahora, el Gobierno vasco analizará el acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación a Cataluña de competencias sobre inmigración y, si lo estima «conveniente», estudiará la posibilidad de «pedir nuevas competencias» en esta materia al Gobierno central, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena.

Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, el Gobierno vasco está negociando con el Ejecutivo de Sánchez la gestión y financiación de la fase de autonomía e inclusión de las personas solicitantes de protección internacional que, habiéndoles resuelto favorablemente su solicitud, inician un proceso de integración en la comunidad autónoma vasca, ya que su objetivo es «ampliar y reforzar» el modelo vasco de acogida. «Llevamos más de 20 años construyendo, junto al resto de administraciones vascas, las entidades del tercer sector, y las propias asociaciones de personas de origen extranjero, el modelo vasco de acogida», aseguraba Urkullu hace unas semanas.

Pacto con Junts

La ley acordada entre PSOE y el partido de Carles Puigdemont incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada. El pacto también implica que los Mossos d’Esquadra cogestionarán con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. En concreto, los Mossos se ocuparán de la frontera.

Además, Cataluña ejercerá como «ventanilla única» en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. La Generalitat tendrá capacidad para expedir el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido además a aumentar el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta los 26.800 agentes.

Uno de los puntos más destacados es que Cataluña tendrá competencia sancionadora, lo que le permitirá ejecutar expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana. El Gobierno catalán también podrá decidir qué número de trabajadores extranjeros podrán ser objeto de contratación en origen.

El Estado se compromete a transferir «los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» para que Cataluña pueda ejercer todas estas competencias, de forma que podrá desarrollar «un modelo propio» con «una política integral», y «todas las fases de la relación de los inmigrantes» con las instituciones catalanas «tendrán una posición determinante» en la legislación europea y española.