Nueva bronca en el PSOE: los críticos defienden que 17 dimisiones son suficientes y Sánchez exigirá 18

El plan de los críticos para defenestrar a Pedro Sánchez con la firma de la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva Federal ha generado una duda jurídica que podría, finalmente, torpedear esas intenciones. Ferraz difiere sobre el número de dimisiones que serían necesarias. 

Este órgano se creó con 38 miembros, pero durante el mandato de Sánchez se han producido tres bajas: Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales, que falleció y los vocales José Ramón Gómez Besteiro y Javier Abreu. Estos últimos dimitieron. 

La diferencia está, por tanto, en si se entiende que las dimisiones serían la mitad más uno de los miembros de la dirección elegidos en el Congreso que eligió a Sánchez o en la actual Ejecutiva.

Ese es el argumento para que los contrarios al líder del PSOE sostengan que les bastaría con la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal para forzar una gestora y no 18, como sostiene la dirección socialista. Los críticos suman a sus 17 firmas las dos dimisiones que no fueron repuestas, con lo que, en realidad, el cálculo es de 19. 

Los Estatutos del PSOE no aclaran nada a este respecto, ni tampoco si esa dimisión supondría el nombramiento de una gestora, algo que se sobreentiende y de lo que ya hay precedente, como fue el caso de la dimisión de Almunia como secretario general.  Según el artículo 36 de esos Estatutos, “cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal”. 

Si hay conflicto decide la Comisión de Garantías

En caso de conflicto  la decisión corresponde a la Comisión de Garantías. Este órgano, según se indica en sus reglamentos, ejerce sus funciones “con libertad, autoridad e independencia” y contra sus decisiones no se admitirá recursos. Entre sus competencias figura efectivamente el garantizar los derechos reconocidos e los Estatutos y emitir dictámenes a solicitud de diversos órganos colegiados del partido.  

Elegida tras el nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general, la composición de esta comisión revela un desigual reparto de fuerzas. Presidida por María Isabel Celáa, quien fuera consejera de Educación y Universidades en el Gobierno vasco de Patxi López, entre sus vocales se encuentra María Jesús Montero, consejera de Hacienda de Susana Díaz, la eurodiputada Inés Ayala y Wilfredo Jurado, exconcejal en el Ayuntamiento de Parla de Tomás Gómez, destituido en su día de forma fulminante por Sánchez.

Como secretario figura Félix Bolaños, letrado del Banco de España y miembro del equipo de asesores del secretario general en temas jurídicos.