El n°2 de Batet tildó en septiembre de «ilegal» el control de las cuentas del Govern ante el 1-O 

El número dos de Meritxell Batet, la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez encargada de gestionar el problema de Cataluña, tildó de «ilegal» el control de la cuentas de la Generalitat que acordó el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante la celebración del referéndum separatista del 1-O. Así se manifestó Eduardo Roig, nombrado ahora director del Gabinete de la titular de Política Territorial y Función Pública, en una análisis realizado el pasado septiembre.

En esta línea, Puig consideró «torpe» e «inadecuado» el control de los pagos de Cataluña que acaba de levantar el Ejecutivo de Pedro Sánchez en su primer Consejo de Ministros como primer guiño a los golpistas de Carles Puigdemont y Quim Torra. Puig ya trabajó como asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

En un artículo titulado La Defensa del Estado de Derecho y publicado el 25 de septiembre de 2017 en el portal Agenda Pública, el jefe de gabinete de Batet señaló: «La decisión del Gobierno de ordenar la no disponibilidad de gran parte del presupuesto de la Generalitat y sustituir sus pagos desde el Estado incurre en todos estos vicios. Es ilegal, pues no respeta ni el procedimiento ni las razones previstas en la ley que le sirve de base; es además inadecuada para el objetivo de evitar el referéndum; es torpe en su formulación y, lo más grave para mí, pretende tan sólo incrementar la presión sobre la Generalitat, usando para ello a los ciudadanos afectados», recalcó Roig, atacando de esta forma al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Así mismo, este profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona incluso puso al mismo nivel la acción del Gobierno de Rajoy con la presunta malversación de los golpistas: «Se parece pues en casi todo a las actuaciones que pretende reprimir. Confío en que los tribunales ante los que se ha recurrido la corrijan o me saquen de mi error».

Puig atacó a Montoro por «pretender tan sólo incrementar la presión sobre la Generalitat, usando para ello a los ciudadanos afectados»

En efecto, el Tribunal Supremo acabó sacando a Puig de sus error pues desestimó las medidas cautelares para levantar el control que pedieron tanto la Generalitat de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras como el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea. En dos autos con fecha del pasado 18 de octubre, el Alto Tribunal dejó claro al Gobierno catalán que «el destino de los fondos públicos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómico debe ser ajustado a Derecho y no es ajustado a Derecho que se destine a financiar una actividad inconstitucional», señaló el TS en referencia al citado referéndum ilegal del 1 de octubre.

Además, los jueces del Supremo indicaron que tal intervención por parte de Hacienda «mejora la situación de los ciudadanos de Cataluña porque garantiza la prestación de los servicios y su nivel de calidad».

El giro de Sánchez

Sólo una semana antes de que el hoy jefe de Gabinete de Batet publicara este artículo y sabiéndose ya que el Gobierno de Rajoy iba a controlar los pagos de la Generalitat,  el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, había cerrado filas con el Ejecutivo popular en este sentido. En la Fiesta de la Rosa del PSC y a escasos días de la consulta secesionista del 1-O, el líder socialista manifestó: “Estamos al lado del Estado de Derecho y quien lo lidera para responder con proporcionalidad y respeto a la ley”, en alusión a esas medidas que estaba adoptando el gabinete de Rajoy para evitar la consulta.

Sin embargo, ahora, nueve meses después y pese a seguir vigente el desafío independentista por parte del Gobierno de Quim Torra (que no descarta la vía unilateral), Sánchez ha levantado el control de los pagos de la Generalitat como gesto de «normalización política». Lo ha hecho después de que los separatistas le llevaran a La Moncloa con su voto a favor de su moción de censura contra Rajoy. Un giro de 180 grados.