Moncloa ordena buscar vías para ilegalizar asociaciones policiales críticas con el Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a ir un paso más allá en su enfrentamiento con las asociaciones profesionales de Policía y Guardia Civil. Muchas de estas plataformas han mostrado en las últimas semanas sus duras críticas hacia lo que supone la concesión de la Ley de Amnistía que perdona al separatismo los delitos que los agentes de ambos cuerpos llevan diez años persiguiendo. Por esas críticas, que ya se han traducido en sanciones de empleo y sueldo y amenazas de expulsión del Cuerpo, el Ejecutivo ya ha encargado a Interior que estudie un «castigo ejemplarizante» contra las asociaciones que se manifiesten contra una decisión del Gobierno. Incluso ilegalizándolas. Ya se analizan precedentes.

«Derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución». La frase, que se inspira en el juramento de lealtad que asumen los guardias civiles cuando se licencian en sus academias -«si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España»-, ha soliviantado al Gobierno de Pedro Sánchez. Proviene de un comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Guardia Civil (APROGC) crítico con la Ley de Amnistía otorgada por Sánchez al separatismo a cambio de sus 7 votos en la investidura.

No es la única declaración que ha puesto en pie de guerra al Consejo de Ministros, donde el pasado martes salió el tema a relucir, según han confirmado fuentes políticas a OKDIARIO. Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le cuestionó desde el sector de Sumar si su gabinete iba a tomar medidas.

Según las mismas fuentes, Moncloa se ha involucrado junto a Marlaska en este asunto. La voluntad de ambos, explican, es llevar este asunto hasta límites nunca antes alcanzados. A los que permita la normativa y la situación, incluso «a ilegalizar una asociación alegando que rompe el principio de neutralidad política» al posicionarse contra el Ejecutivo de Sánchez. Se busca, en definitiva, dar un «mensaje a navegantes».

Vías y precedentes

Llegados a ese punto, el Gobierno ha encargado revisar la legislación vigentes para analizar las posibles vías de actuación para castigar a asociaciones con su ilegalización. No sólo revisando los estatutos de las propias plataformas, sino todo el catálogo de normativa por el que se rige la Guardia Civil y su consejo -en el que se sienta la representación de las asociaciones-.

De esas leyes, reales decretos y órdenes internas, que en conjunto suman «ocho textos», saldrá el resquicio por el que el Gobierno buscará esas ilegalizaciones o al menos intentará amedrentar a futuros «reincidentes».

De hecho, ya se estudian precedentes: el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero valoró abrir el cauce de la disolución de la Asociación Unificada de la Guardia Civil después de que agentes pertenecientes a dicha plataforma se manifestasen con su uniforme reglamentario para reclamar que se dejasen de aplicar sobre ellos ciertas normas propias del régimen disciplinario militar.

Aquella amenaza, que se produjo después de acumular 19 expedientes disciplinarios a quienes habían participado en aquella marcha uniformada, no llegó a materializarse. Pero fuentes sindicales consultadas por OKDIARIO a este respecto señalan que «podemos esperarnos cualquier cosa de este Gobierno». «No me sorprendería, pero sería escandaloso», apuntan desde otra asociación hoy muy crítica con la deriva del Ejecutivo.

Sanciones

De momento, el castigo gubernamental a las críticas se ha cebado directamente con agentes. El pasado lunes, Leonardo Marcos, director de la Guardia Civil, ya había comunicado formalmente a tres integrantes involucrados en textos críticos la decisión de expedientarlos.  Con motivo de ello, no podrán desempeñar sus funciones mientras se resuelven estos expedientes.

Dos de los guardias civiles forman parte de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). La asociación emitió un comunicado el viernes recordando su juramento. «Estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional», rezaba el texto. Los dos agentes expedientados son el presidente y vicepresidente de APROGC.

El otro agente al que ha abierto expediente el Ministerio de Marlaska es el portavoz de Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Agustín Leal. Esta asociación es la mayoritaria del cuerpo. El motivo por el que se le decidió expedientar fue por un mensaje en sus redes sociales. Leal acusó a Pedro Sánchez de cometer «la mayor felonía», en alusión a la amnistía que pactó el PSOE con los independentistas de Junts y de ERC para conseguir los votos necesarios para sacar adelante la investidura del candidato socialista.