Moncloa acepta la regularización fiscal del Rey emérito: «Es un derecho de todos los contribuyentes»

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 06/12/2020 10:29
  • Actualizado: 07/12/2020 03:16

El Rey emérito, Juan Carlos I, ha presentado su regularización fiscal por el uso de las tarjetas opacas. La Agencia Tributaria debe aún responder, pero Pedro Sánchez ha trasladado internamente ya un mensaje marcando la postura de La Moncloa ante este hecho: «La regularización fiscal es un derecho de todos los contribuyentes españoles». Traducido: El Gobierno -al menos, por la parte de Presidencia que encarna Pedro Sánchez-, acepta la regularización y no piensa entrar a cuestionar los actos que realice el Rey emérito dentro de su margen de actuación legal y de estrategia de defensa.

El Rey emérito, Juan Carlos I, intenta, de este modo, regularizar su situación fiscal en España por medio de una estrategia conocida: la presentación por parte de sus abogados y ante la Agencia Tributaria de una declaración que plasme los ingresos ocultos hasta el momento y que son imputables desde el punto de vista fiscal a la figura de Juan Carlos I.

La Agencia Tributaria se encuentra en estos momentos y desde hace unos días analizando el escrito y en breve decidirá si acepta dicha regularización o solicita aclaraciones adicionales. Hacienda debe, además, aclarar cuál es el importe que debe pagar el Rey emérito para aceptar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

La declaración presentada por Don Juan Carlos limita la asunción de estos nuevos ingresos a los correspondientes a la dotación de fondos para el pago desde las conocidas como tarjetas opacas. Es decir, que el escrito de los abogados no alude ni guarda relación con los posibles bienes del Rey emérito en el extranjero. Esa declaración fiscal complementaria sólo alude al uso, por parte de Juan Carlos I y de algunos de sus familiares, de tarjetas bancarias con fondos opacos procedentes oficialmente del empresario mexicano Allen Sanginés-Krauseno.

Entre esos familiares no figuran ni el actual Rey ni su núcleo familiar.
Como se recordará el caso del uso de estas tarjetas opacas está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La presentación de esta declaración se acoge, así, al derecho de los contribuyentes a comunicar voluntariamente a Hacienda los ingresos no comunicados previamente siempre que se realice la declaración antes del inicio de actuaciones inspectoras para esclarecer la supuesta ocultación de fondos o ingresos.

Investigación de la Fiscalía

Esa estrategia se utiliza para regularizar la situación con Hacienda. Y ahora, los abogados del Rey emérito la han puesto en marcha después de que Corinna Sayn Wittgenstein declarara que Juan Carlos I le había regalado 65 millones de euros procedentes de una donación que le hizo el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz, tal y como reveló en OKDIARIO.

El uso de las tarjetas, según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, se produjo entre 2016 y 2018, cuando el Rey emérito ya había abdicado y perdido, por lo tanto, la inmunidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal por su cuantía. Y eso convierte el comportamiento en un hecho castigado con hasta cinco años de cárcel.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto mediante el cual la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía una nueva investigación sobre el Rey emérito. Esa investigación, de hecho, ha sido iniciada ya por la Fiscalía Anticorrupción.

La actuación el Ministerio Público se circunscribe a la figura de Juan Carlos I, a la Reina Sofia y a otros miembros de la Casa Real por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares, lo que implicaría la ocultación del verdadero perceptor de los fondos y, por lo tanto, a ojos de Hacienda implica la opacidad de los ingresos y la necesidad de investigar los hechos.

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia no aparecen entre los beneficiados de estas tarjetas opacas. Tampoco aparecen la princesa de Asturias ni la Infanta Sofía.

La propia versión del Ministerio Público, sin embargo, y pese al reconocimiento de las diligencias de investigación 12/2019, omite la inmensa mayoría de su contenido y cualquier tipo de aclaración adicional.
Los movimientos en las cuentas citadas, las que han alimentado las tarjetas opacas, corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, y por ello quedarían fuera de la inviolabilidad de la que éste gozaba hasta dicha fecha. Según la Fiscalía General del Estado, además, al superar incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, podrían constituir delito fiscal.