España
Manifestación contra la amnistía

Más de 30.000 personas protestan en Cibeles contra la amnistía al grito de «¡Pedro Sánchez dimisión!»

La manifestación ha contado con una gran representación política por parte de Vox, PP y Ciudadanos

Miles de personas se han congregado este sábado a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la Ley de Amnistía a los implicados en el procés catalán haya dado un nuevo paso en su tramitación. A la concentración han asistido altos representantes de la política como el vicesecretario de Economía de PP, Juan Bravo, el líder de Vox, Santiago Abascal, o el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas.

Como es habitual en este tipo de eventos, el baile de cifras es una realidad. Mientras que los organizadores hablan de 400.000 personas, la Delegación del Gobierno ha cifrado en 15.000 los asistentes a la protesta.

La concentración ha sido convocada por casi 100 asociaciones y foros cívicos, entre los que figuran Foro Libertad y Alternativa, Neos, DENAES, S’ha Acabat y Libertad Sin Ira, entre otras. Estas agrupaciones han puesto el foco en «el deterioro político, institucional y social que está sufriendo España desde que Sánchez es presidente». Creen que este «deterioro amenaza con alcanzar un punto de no retorno» y puede «arrastrar al país a un prolongado período de severa decadencia» que «ponga en riesgo la democracia, el bienestar de los ciudadanos, la paz pública y la perviviencia de España».

Los convocantes, bajo el lema Sobran los motivos ¡Sánchez dimisión!, han arremetido sobre todo contra los acuerdos del Gobierno y el PSOE con los partidos independentistas, que incluyen la Ley de Amnistía, a quienes llaman «herederos de los terroristas que durante decenios han asesinado, torturado y amenazado» a ciudadanos españoles. Lamentan que Sánchez esté «cautivo de todos ellos» y «dispuesto a todo para prolongar su permanencia en La Moncloa a pesar de sus continuas derrotas electorales».

Alta representación política

El PP, Vox y Ciudadanos han asistido a la convocatoria, como ya han hecho en múltiples ocasiones anteriores con manifestaciones similares contra la amnistía o para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Por parte de los populares, han hecho acto de presencia la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; el vicesecretario de Economía, Juan Bravo; la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz; y la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez.

Ester Muñoz, en declaraciones a los medios en la manifestación, ha dicho que este Gobierno nació corrupto de la transición infame de cambiar votos por impunidad. «Hemos dicho en multitud de ocasiones que el PP va a dar la batalla contra este Gobierno en todos los frentes», ha dicho.

Cabe decir que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha podido asistir a la concentración porque se encuentra en Córdoba con sus barones territoriales para coordinar políticas y poner en común acciones en materia económica, educativa o de conciliación.

El líder de Vox, Santiago Abascal, si ha asistido a la concentración donde ha dicho que «no sorprende que el Gobierno haga ahora una amnistía a la medida de la familia Pujol, de Puigdemont y de indultar actos terroristas y evitar que Sánchez sea condenado por traición». «Por nuestra parte no vamos a ofrecer ninguna tregua a este Gobierno, vamos a estar en las calles, vamos a estar en los tribunales», ha señalado Abascal ante los medios.

Del lado de Ciudadanos han ido el secretario general y el portavoz político, Adrián Vázquez y Jordi Cañas, respectivamente. Además también ha acudido la exlíder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez.

El manifiesto

El manifiesto de la concentración es claro: no se puede tolerar que el Gobierno apruebe una amnistía para beneficiar al separatismo a cambio de sus votos. «La sucesión vertiginosa de inadmisibles decisiones, abyectos acuerdos y bochornosas justificaciones pretende anestesiar a la sociedad, reducir la capacidad de reacción, agotar a la población y, en definitiva, que asumamos como inevitable un proceso cuyo fin último es perpetuarse en el poder y excluir de la posibilidad de acceso al Gobierno de España, cuando menos, a la mitad de sus ciudadanos», aseguran.

Asimismo, cargan contra «la colonización de las instituciones, la toma de los resortes del poder, la eliminación a la carta de delitos, los indultos a los socios del Gobierno, la tolerancia a la injerencia del régimen de Vladimir Putin en España y la UE, el nombramiento de miembros y colaboradores del Ejecutivo como magistrados del Constitucional o como fiscal general de Estado, el deterioro del control parlamentario con el abuso del Real Decreto Ley y las argucias para cercenar el debate en la redacción de las leyes y evitar el pronunciamiento de los órganos competentes».

Mencionan también «la aceptación de la existencia del ‘lawfare’, la investigación parlamentaria de los jueces y su sistemático hostigamiento desde el Parlamento, el intento de arrinconamiento o desprestigo a la Jefatura del Estado o a cualquier institución que ejerza su función de contrapeso, el cese de funcionarios o altos cargos independientes, la cesión integral de competencias soberanas como la inmigración, la condonación política de deuda de Cataluña, el aumento de las subvenciones a sindicatos en un 91% desde que Sánchez accedió a La Moncloa o la sistemática polarización de la sociedad», entre otros aspectos.

Los convocantes piden a la sociedad no asistir «impasibles y dóciles» a este proceso de «evidente demolición del Estado de Derecho». «No podemos darnos por vencidos, ni dejarnos llevar por el hastío», recalcan, antes de pedir transformar «la indignación en rebeldía y utilizar todos los recursos legítimos al alcance para defender las instituciones democráticas y la nación», materializada en la Constitución de 1978.

La manifestación, en definitiva, «pretende mostrar que los españoles no son ciudadanos sumisos y que no vacilan al exigir la dimisión de Pedro Sánchez ni al denunciar este antidemocrático proceso ‘deconstituyente’ que, con engaño y ocultación, está desplegado de la mano de sus socios». «Si no logramos detener este proceso, nos conducirá a un largo período de decadencia y pérdida de libertades, análogo al sufrido por diversos países hispanoamericanos que han recorrido este mismo camino y que nos anuncian los riesgos a los que nos enfrentamos», advierten.