La Fiscalía pide que Villar Mir siga como imputado en el caso Son Espases

• Juanan Jiménez
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• • 27/04/2016 17:38
  • Actualizado: 27/04/2016 17:39

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que sea archivada la imputación del presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, en el caso Son Espases, que investiga las supuestas irregularidades que rodearon a la adjudicación del hospital de referencia de Baleares, que recayó a finales de 2006 en manos de la UTE liderada por Dragados, filial de ACS, tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de la primera constructora.

Así lo han informado fuentes judiciales, que han precisado que será en próximos días cuando el fiscal anticorrupción Pedro Horrach presente un escrito ante el juez José Castro en contra del sobreseimiento, solicitado por el empresario a mediados de este mes. El magistrado dio un plazo de diez días a las partes personadas para que presenten alegaciones al respecto.

En su escrito, la defensa de Villar Mir niega que éste haya incurrido en presuntos delitos de prevaricación, fraude y falsedad y añade incluso que, «de buscarse» la comisión de estas irregularidades, «nuestro defendido (y la empresa que preside) debería ser considerado víctima, no partícipe».

De hecho, en sus alegatos, el imputado asevera que los datos que figuran en la causa «evidencian que el gobierno del presidente Matas», bajo cuya última legislatura se llevó a cabo el proceso de adjudicación, que culminó a finales de 2006, «no favoreció en absoluto a OHL, sino todo lo contrario».

Es más, el abogado del máximo accionista de OHL recalca que «no sólo en la querella, sino en la totalidad de la causa» no hay «ninguna referencia al señor Villar Mir», subrayando que «nos hallamos ante una querella», la que interpuso Anticorrupción en julio del pasado año y que dio inicio a estas pesquisas, «que se dirige contra la empresa que perdió el concurso, una empresa que además recibió en esos años un trato defavorable o hasta discriminatorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como los datos acreditan de forma incontestable».

En este sentido, la defensa recalca cómo en los tres años anteriores a la adjudicación del contrato para la construcción y el mantenimiento del hospital OHL «no obtuvo más que un 0,66% del presupuesto adjudicado en contratos públicos, una cifra verdaderamente ridícula, muy lejos de la que le correspondería a OHL de acuerdo con su cuota de mercado».

Unas cifras que, subraya, contrastan con las obtenidas por Dragados, que se hizo con el 18,96 por ciento del presupuesto adjudicado, «29 veces más que OHL», motivo por el que, incide, «resulta imposible sostener que alguien favoreció a OHL o que OHL se concertó con alguien para defraudar a la Administración».

Confesión de Rodrigo Santos

Según la confesión efectuada en su día por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Jaume Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital.

En concreto, OHL fue desbancada como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM. Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

En su querella, admitida por Castro en julio del pasado año, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach asevera cómo tras la «realidad formal» del proceso de adjudicación hay «una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias».

En su denuncia, el representante del Ministerio Público subraya además el hecho de que en este proceso se da el «paradigma» con el que «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida».

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien «ordenó la manipulación del concurso» a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, «para beneficiar ilícitamente» a la UTE liderada por OHL.

Obras de reforma de Génova

De forma paralela, Castro abrió hace varios meses una línea de investigación dirigida a esclarecer si las obras llevadas a cabo en la sede nacional del PP, ubicada en la calle Génova de Madrid, fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

Recientemente, la Audiencia Nacional remitió al magistrado la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, en la que constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

En concreto, bajo las iniciales «B.G», el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la ‘Operación Púnica’ y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo, han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido madrileño. Esta parte de las pesquisas se encuentra bajo secreto.