La kale borroka catalana señala a jueces: apunta a la que investiga la quema de la furgoneta policial

La juez María Eugenia Canal Bedía acaba de cercar a los acusados de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana. Y la kale borroka catalana no ha tardado en volver a una de sus prácticas clásicas: el marcado de jueces para acosarles. La juez Canal Bedía acaba de comunicar su resolución sobre el caso de la furgoneta policial quemada por radicales separatistas catalanes: ha impuesto libertad bajo fianza, con exigencia de un pago de 245.000 euros.

Los CDR no han tardado en reaccionar. Según su versión, la decisión de la juez va en contra del informe de los bomberos, un informe en el que los radicales aseguran que se demuestra la ausencia de peligro para la vida y la integridad del agente de la guardia urbana que se encontraba dentro del furgón policial que fue quemado.

Los CDR han comunicado internamente en sus canales que “esta desorbitada fianza nos hace entender que no tiene la intención de poner en libertad” a los radicales.  La realidad es que la juez es la única que puede valorar ese aspecto. Y que el ataque a la furgoneta de la Guardia Urbana ardió con un policía dentro.

Pero eso es lo de menos para los radicales. La kale borroka catalana ya ha iniciado la campaña de acoso y derribo a la juez, marcándola en sus canales de mensajería y señalándolo como un objetivo a doblegar, tal y como muestra el mensaje distribuido entre los CDR y que hoy reproduce OKDIARIO.

Para colmo, no se trata de una juez cualquiera. De hecho, en 2010 y a propuesta de la Guardia Urbana de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona concedió la Medalla de Plata de la ciudad a esta magistrada, natural de Pontejos por su gran trabajo en dos procedimientos abiertos contra la prostitución en el barcelonés barrio del Rabal. En un sencillo y emotivo acto, el alcalde socialista de Barcelona, Jordi Hereu, entregó la distinción a Canal Bedía. Las investigaciones en torno a la prostitución en ese barrio barcelonés no fueron un trabajo sencillo: se iniciaron en 2006 a partir de una denuncia de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Urbana y se llevaron a cabo tras «un trabajo denso y complejo», como señaló la propia juez.

Ahora, la juez que fue alabada por el socialismo por su labor social, ha pasado a ser marcada por los CDR, simplemente, por hacer lo mismo que la llevó a su premio: aplicar la ley, aquéllo para lo que se designan jueces.

Lo cierto es que la conciliación que ha vendido Pedro Sánchez tras el inicio de su nueva mesa de negociación con Pere Aragonès no ha calado en la kale borroka catalana. Los CDR remitieron entre sus bases el mismo día de la visita de Sánchez a Barcelona un comunicado en el que ya adelantaban el curso de los acontecimientos futuros. El texto de ese documento señalaba que “los partidos políticos autodenominados independentistas siguen anclados en el inmovilismo servil” y que, por ello, se debía llevar a cabo “una nueva ola de acciones contra el Estado fascista”.

El comunicado fue remitido por uno de los CDR, el autodenominado CDR Acción Directa. Fue fechado el 15 de septiembre, el mismo día del encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Y no dejó gran lugar a dudas con respecto a la falta de asunción de las esperanzas de relajación de la tensión mostradas por el presidente del Gobierno. Ahora han vuelto ya las acciones de marcado de jueces. Las mismas que dieron origen a una operación policial masiva de protección de magistrados. Y ahora vuelve el marcado y coacción.