El juez acusa al PSOE de retrasar la entrega de documentación sobre las cloacas y le da un ultimátum de 15 días

El magistrado Santiago Pedraz ha dado al PSOE un plazo máximo de 15 días para entregar la documentación sobre sus contrataciones de abogados o, en su defecto, identificar uno a uno los documentos que considere amparados por el secreto profesional.

En una providencia firmada este viernes el juez de la Audiencia Nacional ha rechazado que la consulta planteada por el partido al Consejo General de la Abogacía Española pueda frenar su requerimiento.

La resolución responde al escrito con el que la representación socialista ha tratado de explicar el retraso en atender las resoluciones de 6 y 21 de octubre.

El instructor no ha dejado margen a la interpretación. La consulta del partido de Pedro Sánchez ante la corporación de los abogados, ha escrito, «carece de todo efecto suspensivo respecto del requerimiento acordado por este órgano judicial».

A su juicio, «ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial». Tampoco, ha añadido, la de «diferir el cumplimiento de una resolución jurisdiccional firme».

Pedraz ha cerrado ese camino con una advertencia expresa: el destinatario del requerimiento «no puede sustraerse a su cumplimiento mediante la promoción de actuaciones extraprocesales de naturaleza corporativa».

Secreto profesional abogados

El juez ha recordado que el debate que el PSOE pretende abrir ya estaba zanjado. Su providencia de 6 de octubre excluyó expresamente la información que pudiera quedar afectada por el secreto profesional, en los términos del Estatuto General de la Abogacía Española.

Esa cuestión, por tanto, «ya fue objeto de ponderación por este instructor», sin que proceda, según el auto, «reabrir artificialmente un debate previamente resuelto en sede jurisdiccional».

El principal reproche del magistrado se dirige a la vaguedad de la respuesta socialista. La contestación del partido, ha señalado, «no identifica documentos concretos ni extremos determinados» en los que concurra una afectación real del secreto profesional.

En su lugar, el PSOE ha sostenido «una invocación genérica e indiscriminada respecto de la totalidad de la documentación requerida». Un planteamiento que el juez ha considerado incompatible con la jurisprudencia constitucional y ordinaria.

Esa doctrina, ha recordado Pedraz, exige «una justificación específica, individualizada y verificable de la concreta lesión que pudiera producir la entrega de determinada información».

El instructor ha delimitado también la frontera de lo protegido. El límite está en «la penetración innecesaria en el contenido material de la relación abogado-cliente», que incluye comunicaciones confidenciales, estrategia de defensa, consejo jurídico o datos de otros clientes ajenos a la investigación.

Más allá del secreto profesional, la providencia reivindica la dirección de la instrucción. «Corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional dirigir la investigación y determinar el alcance de las diligencias acordadas», ha subrayado el juez.

Por ello, no admite que el requerido condicione su cumplimiento «a la previa conformidad de una corporación profesional» ni a su propia valoración sobre la «relevancia, proporcionalidad o procedencia de la medida acordada».

La diligencia, ha precisado, es «necesaria para verificar el cumplimento normativo», y el partido solo puede oponerse a ella «si entiende que le incrimina».

El magistrado ha despachado igualmente las excusas de orden práctico. La dispersión territorial de los documentos, su falta de centralización o las cargas de la actividad política son «circunstancias internas exclusivamente imputables al propio requerido». Ninguna de ellas, ha concluido, puede «prevalecer frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia».

Sobre la prórroga solicitada, Pedraz ha advertido de que vincularla a la respuesta de la Abogacía, sin «certeza alguna acerca de cuándo habrá de producirse ni sobre su contenido», supondría someter la investigación a «un procedimiento ajeno a la causa y promovido unilateralmente por uno de los afectados».

Aun así, el juez ha ampliado el margen temporal. Concede ahora quince días, «dada la dispersión alegada», pero «sin más demora y sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa».

El ‘caso cloacas’

El requerimiento hunde sus raíces en una petición formulada a comienzos de mes. El juez ha reclamado a los servicios jurídicos socialistas la relación completa de letrados, despachos de abogacía o consultoría contratados entre 2021 y 2025, extendiendo la petición a los órganos centrales y territoriales del partido.

Esas diligencias se siguen por un presunto delito de tráfico de influencias. En la causa se investiga una presunta trama para desbaratar actuaciones policiales y judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

La UCO de la Guardia Civil ha reflejado en un informe sus sospechas sobre dos notas de encargo profesional que, según los investigadores, se habrían firmado de forma instrumental para simular una relación profesional y permitir pagos del partido a dos abogados.

En quince días se comprobará si la estrategia del partido cambia de rumbo. Por ahora, el juez ha dejado claro que en esta partida el árbitro no se sienta en la sede de la Abogacía, sino en su despacho de la Audiencia Nacional.