El juez admite a trámite dos informes periciales que niegan irregularidades en el ‘caso Auditorio’

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que instruye el caso Auditorio, Julián Pérez Templado, ha admitido a trámite dos informes periciales que niegan la existencia de irregularidades en el complejo cultural promovido por el presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez en Puerto Lumbreras.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca que investigaba inicialmente la causa se negó a admitir estos documentos como prueba y, sin analizarlos, elevó el caso a TSJM alegando que existen indicios de delito en la actuación de Pedro Antonio Sánchez.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia asumió la causa el pasado mes de febrero, dada la condición de aforado del presidente autonómico. Pero el magistrado Julián Pérez Templado ha decidido admitir a trámite los dos informes periciales que niegan la existencia de irregularidades en el proyecto, junto con otros 40 documentos aportados por la defensa del político del PP.

La construcción del auditorio de Puerto Lumbreras fue financiada por el Gobierno regional de Murcia con una subvención de seis millones de euros, durante la etapa de Pedro Antonio Sánchez como alcalde del municipio.

Podemos se querelló contra los jueces

Las dos auditorías que examinará ahora el tribunal fueron encargadas por el arquitecto autor del proyecto, Martín Lejarraga. Ciudadanos ha exigido la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de la región de Murcia y ha dado por roto su pacto de gobernabilidad.

Como ha informado OKDIARIO, la abogada del PSOE de Murcia, Amparo Hornillos, inició la cruzada judicial con varias denuncias presentadas contra Pedro Antonio Sánchez. Luego el marido de Hornillos, Manuel López Bernal, asumió la acusación en varias de estas actuaciones judiciales, durante su etapa como fiscal jefe de Murcia.

Buena prueba de la instrumentalización política que se ha hecho de este caso es que, en plena campaña de las elecciones autonómicas de 2015, Podemos anunció una querella contra los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Juan Martínez Moya, Miguel Pasqual del Riquelme y Enrique Quiñonero) que inicialmente habían desestimado imputar al presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.