Los jueces del Supremo serán elegidos por una mayoría reforzada de 13 votos, como adelantó OKDIARIO

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada entre el PP y el PSOE incluye una de las principales exigencias de los populares. Los nombramientos en el Tribunal Supremo tendrán que hacerse por mayoría reforzada de tres quintos, es decir, 13 votos entre los 20 vocales, tal y cómo adelantó OKDIARIO. Además, para escoger al presidente del Alto Tribunal tendrán que obtener el apoyo de una mayoría reforzada de, al menos, 12 vocales. Ni el presidente del Gobierno ni ningún partido podrá proponer el candidato a presidir el Supremo, ya que será el propio órgano de gobierno de los jueces quien lo designe.

El reparto de los vocales se hará de forma equitativa. Los 20 miembros del CGPJ serán escogidos a partes iguales, 10 por el PP y 10 por el PSOE, como adelantó OKDIARIO. Hasta ahora, había mayoría de 11 escogidos por el partido del Gobierno, sobre los otros 9 escogidos por la oposición. Esto, unido a la necesidad de una mayoría reforzada de 13 vocales para la toma de decisiones, «garantiza que no habrá control político del Poder Judicial», rezan fuentes de la negociación.

Desde Génova celebran que «ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras». Concretamente, se asegurará que no habrá politización en la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales. Con esta medida, el PP podrá frenar y vetar nombramientos extremistas del PSOE y sus socios.

El pacto también exige al CGPJ que apruebe por una mayoría de tres quintos una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del organismo. Esta propuesta «será trasladada al Gobierno y a las Cortes para
su debate y, en su caso, tramitación y aprobación», reza el acuerdo.

Otro de los puntos del pacto firmado por el PP y el PSOE es la mejora de las «garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia». Este cargo está sufriendo las críticas por la falta de independencia respecto al poder Ejecutivo. Todo ello, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se arrogase la capacidad de nombrarlo. El líder socialista se preguntó retóricamente «de quién depende» la Fiscalía.

Por otra parte, la justicia está estrechando el cerco sobre Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, como responsable de desvelar información confidencial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, su predecesora, Dolores Delgado, fue ministra de Justicia en los primeros años de Gobierno de Sánchez.

Los dos partidos han acordado a su vez nombrar al magistrado del Tribunal Constitucional que estaba vacante, que tiene que nombrarlo el Senado. Ese puesto lo ocupará, a propuesta del Grupo Popular en la Cámara Alta, José María Macías, actual vocal del CGPJ.

Reunión en Bruselas

El PP y el PSOE ha llegado a un pacto en Bruselas este martes para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, han posado desde la capital europea para materializar este acuerdo. Junto a ellos ha estado Vera Jourová, vicepresidenta responsable de Estado de Derecho de la Comisión Europea.

Desde el PSOE celebran que haya «un acuerdo para renovar el CGPJ tras 5 años de bloqueo». «Se pone fin a una anomalía constitucional», ha expresado Bolaños desde Bruselas  y ha subrayado que «devuelve la normalidad al Poder Judicial de nuestro país».