Jon Bienzobas, el etarra que asesinó a Tomás y Valiente, también logra salir de la cárcel sin arrepentimiento

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 13/04/2026 12:00
  • Actualizado: 13/04/2026 13:32

Jon Bienzobas, el etarra que asesinó al catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente, también logra salir de la cárcel sin arrepentimiento. El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a este etarra que tiene condenas que suman 266 años de prisión. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) denuncia que se trata de «un nuevo tercer grado fraudulento».

Y exige a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que lo recurra para impedir que se consolide esta «amnistía encubierta» que ataca directamente el derecho de las víctimas a la Justicia. Además, alerta de que el Gobierno vasco «oculta que muchos terceros grados acaban convirtiéndose en una libertad casi total. 

A juicio de Covite, este tercer grado concedido a Bienzobas constituye «un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los presos de ETA» y confirma que el Ejecutivo vasco continúa consolidando una política penitenciaria orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad de los presos de ETA «con una apariencia formal de legalidad».

«Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso, hablamos de terceros grados fraudulentos. Lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene por qué dar por buenas, y menos aún las víctimas», advierte.

Una carta privada como principal aval

Según la resolución remitida por el Gobierno vasco, a Jon Bienzobas se le ha concedido el tercer grado en aplicación del artículo 83, y entre los elementos valorados para la concesión figuran su buena conducta penitenciaria, una oferta laboral y un escrito en el que supuestamente expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz.

Sin embargo, para Covite que se siga utilizando una carta privada como principal aval para conceder regímenes de semilibertad a condenados por terrorismo demuestra hasta qué punto se ha vaciado de contenido el requisito del arrepentimiento.

«Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad», denuncia la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Además, señala que tal y como estableció la propia Audiencia Nacional en una sentencia de 2023 para revocar el tercer grado del miembro de ETA Xabier Atristain, este tipo de cartas no tienen validez si no van acompañadas de «signos inequívocos de desvinculación», entendiéndose por estos, «actividades realizadas de colaboración con las autoridades para identificar a otros responsables e incluso en impedir la actuación de organizaciones o asociaciones vinculadas o de apoyo al terrorismo».

Falta de transparencia en los terceros grados

El Colectivo denuncia, además, una segunda cuestión que considera de extrema gravedad: la falta de transparencia con la que el Gobierno vasco está gestionando estos terceros grados. Según explica Covite, las resoluciones que se notifican a las asociaciones de víctimas se refieren sistemáticamente a terceros grados concedidos en aplicación del artículo 83, es decir, al régimen ordinario de tercer grado generalmente vinculado a un trabajo, formación u otra ocupación acreditada, a través del cual el interno puede salir a diario de prisión, pero debe regresar a dormir al centro penitenciario.

Sin embargo, Covite ha podido constatar a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el 90% de esos terceros grados se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, es decir, el régimen más parecido a una libertad condicional: el preso permanece en la calle con pulsera telemática y ni siquiera pernocta en prisión.

«El Gobierno vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86», ha denunciado Ordóñez.

Vaciar las cárceles

Para Covite, esta práctica confirma que la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA avanza, cada vez con menos disimulo, hacia el cumplimiento de la última gran exigencia histórica de la izquierda abertzale en el final de ETA negociado que vivimos: vaciar las cárceles sin exigir un arrepentimiento sincero ni una verdadera desvinculación del entramado político y social que sostuvo durante décadas a ETA, y que prohíbe expresamente el arrepentimiento.

«Las consecuencias de este final indigno las seguimos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares. No estamos en contra de la reinserción; estamos en contra de que se llame reinserción a lo que en realidad son excarcelaciones encubiertas», concluye la presidenta de COVITE.

La Fiscalía suele dar el visto bueno

Ordóñez señala también la responsabilidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en esta dinámica de impunidad, ya que es la única institución competente para recurrir los terceros grados y, por lo general, no lo está haciendo. «En la mayoría de los casos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional  opta por otorgar validez a estos terceros grados fraudulentos, incluso conociendo que la modalidad de cumplimiento de esos terceros grados se transforma en poco tiempo del artículo 83 al 86, que implica una libertad casi total con una pulsera telemática», denuncia.

Por ello, reclama al Ministerio Público que cumpla su función y recurra este tercer grado.

En la fase de ejecución de las condenas, las víctimas no pueden estar personadas, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede velar por el derecho de las víctimas a la Justicia. «!Avalar decisiones como esta supone trasladar un mensaje devastador de impunidad», avisa Covite.