Interior deja sin visitas por la huelga de funcionarios a Zaplana pero no a los presos etarras

El Ministerio del Interior permitió que familiares de los presos etarras recluidos en centro penitenciario Puerto III de Cádiz pudieran ver a éstos. Una llamada del director de la prisión bastó para que los terroristas disfrutaran de sus familias pese a la huelga de funcionarios. No sucedió lo mismo en el caso de Eduardo Zaplana. El ex presidente valenciano, gravemente enfermo, no disfrutó de los beneficios de los que sí gozaron los terroristas de ETA.

La última jornada de la huelga de prisiones -convocada el pasado sábado en unidad de acción por los cinco sindicatos representativos: CCOO, UGT, CSIF, ACAIP y CIGA- dejó al ex ministro Eduardo Zaplana sin visitas en la cárcel de Picassent en Valencia. En cambio, los familiares de los presos etarras pudieron solventar la incidencia gracias a la intervención del director del centro penitenciario Puerto III de Cádiz que les permitió acceder a la comunicación, inicialmente prevista por la mañana, en horario de tarde.

El reglamento penitenciario permite que los reclusos mantengan comunicaciones orales o personales, íntimas, familiares o de convivencia semanalmente con sus familiares o parejas. La huelga de funcionarios y los piquetes informativos que retrasaron la incorporación de los servicios mínimos en las cárceles de toda España impidió que los allegados de Zaplana, entre otros, pudiesen acceder al locutorio del centro para establecer contacto con él. Circunstancia de la que se hacían eco en redes sociales los presentes en las inmediaciones de la cárcel valenciana donde actualmente cumple condena pese a su grave enfermedad:

Incremento de altercados en los centros

La reducción de las plantillas en los centros penitenciarios con motivo de una huelga general, la primera de los últimos 20 años, está provocando el incremento de altercados. Los funcionarios denuncian a OKDIARIO que las incidencias son más frecuentes e intensas, circunstancia que pone en riesgo no sólo la integridad física de sus compañeros, asignados a unos servicios mínimos denunciados por los sindicatos como inadecuados, sino la seguridad de los propios reclusos.

Fuentes penitenciarias confirman a OKDIARIO que el turno de noche -integrado por unos 30 efectivos, la mitad de los necesarios para el turno diurno- está asumiendo los protocolos en las prisiones, durante los días de paro, a lo largo de toda la jornada matinal hasta el primer relevo, que se produce hacia las 14:00 cuando en circunstancias ordinarias debería materializarse a las 07:30. Durante ese tramo horario, tanto el director como los 4 subdirectores de cada centro (seguridad, médico, tratamiento y administración) refuerzan las carencias y desarrollan labores de apoyo que les llevan, incluso, a servir las comidas a los presos.

Máxima tensión se ha vivido en las cárceles de Picassent, tras la agresión sufrida por el Jefe de Servicios, y Puerto III donde el sábado se neutralizaba un «amago de plante» en el módulo 1 -que finalizaba con 7 internos de entre 18 y 23 años trasladados a aislamiento tras destrozar las mesas y sillas del mismo- y una reyerta entre reclusas en uno de los dos pabellones de mujeres.

Marlaska no quiere negociar

Los funcionarios de prisiones denuncian que Marlaska no ha querido sentarse en ningún momento con ellos y que desde que dio comienzo el calendario de paros generales la actitud del secretario de Interior ha sido contraria a la negociación.

Cerca del 65% de los trabajadores, según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, el 90% para el sindicato CSIF, respaldan las convocatorias.  Consideran necesaria la medida de presión para que el Gobierno socialista y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiendan sus reivindicaciones de mejoras laborales y equiparación salarial.

Los funcionarios siguen insistiendo en que han sido «engañados» por el actual Ejecutivo. En un comunicado conjunto, los sindicatos denuncian que el «deterioro» de los servicios penitenciarios se debe al histórico abandono de la Administración y exigen a Marlaska que «cumpla lo prometido» y desbloquee la partida comprometida de 123 millones de euros, a lo largo del periodo 2019-2021, para la subida de las retribuciones de los 25.000 funcionarios de prisiones.