Implican al ‘número 3’ de la vicepresidenta del Gobierno en el ‘caso Acuamed’

El actual subsecretario de Presidencia y hombre de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos, participó en la reunión en la que altos cargos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente pactaron otorgar una «compensación irregular» de 40 millones de euros a la constructora FCC por los daños sufridos en la desaladora de Bajo Almanzora (Almería).

Al menos así lo han sostenido varios testigos en la causa abierta por el juez Eloy Velasco, que ha enviado a prisión a cinco personas por el caso de corrupción de la empresa pública Acuamed.

Los hechos ocurrieron en otoño de 2012, cuando las lluvias torrenciales causaron graves daños que dejaron inservible la desaladora. En lugar de obligar a las dos empresas contratistas –FCC y Abengoa– a asumir su reparación, altos cargos del Ministerio aceptaron compensarles de «forma indebida».

Siempre según fuentes de la investigación, el Ministerio decidió aplicar un sobrecoste ficticio en otra obra, la descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), para compensar a la constructora por importe de 40 millones de euros.

El actual número 3 de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos, habría participado en la reunión en la que se adoptó esta solución ilegal, pero por el momento no ha sido imputado ni llamado a declarar por el juez.

En aquel momento, Ramos era secretario de Estado de Medio Ambiente. Un cargo que abandonó hace pocos meses, en junio de 2015, para incorporarse al equipo la vicepresidenta.

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, Federico Ramos pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Entre otros cargos, ha sido director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.