La Policía hace un ‘barrido’ en el Ministerio del Interior para investigar quién grabó al ministro

• Juanan Jiménez
• Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.
• • 01/07/2016 18:59
  • Actualizado: 01/07/2016 19:08

La Policía ha hecho hoy un barrido en la sede del Ministerio del Interior para tratar de averiguar quién y cómo grabó la conversación que allí mantuvieron el ministro, Jorge Fernández Díaz, y el ex jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, han informado fuentes policiales.

Entre las dependencias ministeriales investigadas se encuentran el despacho del ministro, Jorge Fernández Díaz, y el del secretario de Estado de Seguridad. Además se ha realizado una pericial exterior. Se da la circunstancia de que este barrido no sirve para averiguar si hubo dispositivos en el momento en el que se realizaron las grabaciones, sólo podría detectar micrófonos o teléfonos pinchados en la actualidad.

Agentes de la Comisaría de Policía Judicial han realizado esa inspección que ha durado tres horas –entre las 10 de la mañana y las 13.00 horas– en la sede del Ministerio en el marco de la investigación encargada por el propio ministro para esclarecer lo ocurrido en octubre de 2014, cuando se produjeron esas conversaciones, filtradas a la prensa la semana pasada.

En ellas, ambos intercambian información sobre posibles casos de corrupción que afectarían a dirigentes de partidos independentistas catalanes y sobre su posible filtración a los medios de comunicación.

El ‘barrido’ supone la instalación de un dispositivo electrónico que en pocos minutos detecta si existen en ese espacio micrófonos o teléfonos pinchados.

En cualquier caso, el ‘barrido’ sirve para detectar la presencia de esos dispositivos en el momento en el que se hace y no sirve para averiguar si los hubo y posteriormente fueron retirados.

El caso ha motivado la destitución de Daniel de Alfonso por el Parlamento catalán –institución de la que depende la Oficina Antifraude– y la apertura de una investigación en el Ministerio del Interior sobre la grabación.