La Guardia Civil ve un «juicio de valor» que Franco vetara el 4-M una protesta ante el casoplón de Iglesias

El informe que la Guardia Civil ha remitido a la juez del caso 8-M cuestiona que la Delegación del Gobierno en Madrid, que dirige el socialista José Manuel Franco, prohibiera cuatro días antes de la manifestación feminista una protesta de agricultores y ganaderos frente a la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, convocada para el 14 de marzo. El Instituto Armado considera que aquella polémica decisión de Franco fue un «juicio de valor» y cuestiona así que se ajustara a derecho.

En concreto, el informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge que de las 6 manifestaciones que entre el 5 y el 14 de marzo no fueron autorizadas por la Delegación del Gobierno en Madrid, sólo la prevista frente al casoplón del Iglesias fue tumbada por Franco con una controvertida motivación, ya que en el resto de casos se denegaron «por errores en los plazos de presentación de la comunicación por parte de los promotores».

Así, el Instituto Armado, el mismo que protege con garita incluida el casoplón de Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar, señala que la Delegación del Gobierno en Madrid hizo «un juicio de valor sobre los derechos fundamentales del honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, así como la inviolabilidad domiciliaria, ponderándolos con el derecho de reunión, prohibiendo finalmente el desarrollo de la misma como resultado de las circunstancias analizadas».

La resolución del socialista Franco sobre el expediente 447 indica, según apunta la Guardia Civil a la juez, que el delegado del Gobierno conocía «los cauces y mecanismos legales por los que prohibir, modificar el lugar, horario o itinerario de una determinada reunión/manifestación», algo que no hizo para impedir la celebración de la multitudinaria manifestación feminista en Madrid el 8-M, a la que acudieron tanto Irene Montero, positivo confirmado en coronavirus, como el propio Pablo Iglesias

Hasta 130 permitidas

Además, el Instituto Armado subraya que entre el 5 y 14 de marzo se celebraron «130 reuniones/manifestaciones sin que por parte de la Delegación del Gobierno se muestre ningún tipo de objeción a la celebración de las mismas» pese a encontrarse ya la Covid-19 en Madrid para entonces.

OKDIARIO publicó que los agricultores realizaron la petición el 2 de marzo a la Delegación del Gobierno para de llevar sus protestas hasta el chalé de Iglesias. Sin embargo, el socialista Franco evitó al líder de Podemos el mal trago de ver cómo un nuevo colectivo obrero —en este caso agricultores y ganadores— le mostraba su rechazo más frontal. Fue justo después de que un grupo de estudiantes de izquierdas le montara un escrache al vicepresidente social (al que llamaron «Vendeobreros») en la misma Universidad Complutense en la que Iglesias escracheó a Rosa Díez.

La Delegación del Gobierno señaló a los agricultores de APAG Extremadura ASAJA que, en base a la «inviolabilidad del domicilio» del vicepresidente, una autorización de una movilización de estas características supondría una conculcación de los derechos fundamentales de Pablo Iglesias. Un argumento que la Guardia Civil califica de «juicio de valor» en su informe a la juez Carmen Rodríguez-Medel. Los agricultores promotores de esta protesta denunciaron entonces que no se iban a manifestar «en el salón» de Pablo Iglesias, sino en la calle.