Griñán pide anular el auto de apertura de juicio oral de los ERE al incluir el PP un nuevo delito

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha presentado un incidente de nulidad contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez Álvaro Martín en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos al incluir un delito de asociación ilícita atribuido por la acusación que ejerce el PP-A.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Griñán, José María Mohedano, reclama de este modo al juez de refuerzo que declare la nulidad del auto del pasado 3 de noviembre donde abrió juicio oral contra un total de 26 exaltos cargos de la Junta al entender que se trata de una «acusación sorpresiva» y que la inclusión de dicho delito de asociación ilícita le genera «manifiesta indefensión».

En este sentido, asevera que durante la «larga y penosa instrucción» de la causa de los ERE, «en ningún momento se le ha imputado la comisión de un delito de asociación ilícita ni se le informó de que entre los hechos que se le imputaban se incluía el reproche o indicio de formar parte de una asociación constituida con el fin de cometer delitos», añadiendo que tampoco se le atribuyó dicho delito en la «exhaustiva» declaración que prestó en el Tribunal Supremo.

«De haberse cumplido la Ley y haber sido informados que pesaba contra el encausado esta imputación, hubiéramos solicitado en instrucción la práctica de pruebas en descargo; hubiéramos argumentado la inexistencia del delito, solicitado el archivo de tal imputación y, finalmente, hubiéramos recurrido el auto de prosecución en este particular, caso de incorporar este nuevo hecho ahora imputado», argumenta la defensa en este escrito elevado al Juzgado.

A su juicio, «no se puede tolerar que una acusación particular o una acción popular, cual es el caso del PP, se permita incluir en la acusación hechos nuevos sin que previamente se haya comunicado al investigado el hecho punible cuya comisión se le atribuye ahora y sin que sea oído por la autoridad judicial y pueda exculparse de los cargos contra él existentes».

Por ello, concluye que «en ningún caso es posible abrir juicio oral contra Griñán por un fabulado delito de asociación ilícita».

El pasado 3 de noviembre, el juez dictó auto de apertura de juicio oral contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos seis exconsejeros, e impuso a Griñán una fianza de 4.214.702 euros.

El instructor abrió juicio oral contra los 26 acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito de asociación ilícita –delito del que únicamente acusa el PP-A–, mientras que también abre juicio oral por un delito continuado de malversación de caudales públicos contra 18 de los acusados, entre ellos el propio Griñán.

Las penas solicitadas por las acusaciones

El juez procesó a los 26 ex altos cargos referidos por medio de un auto dictado el 31 de mayo donde explicaba que fue entre 2000 y 2011 cuando «se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse ‘procedimiento específico’, cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros».

Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Manos Limpias se adhirió a este petición.

De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay «trama criminal» ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.