Granados denuncia a Marjaliza para que sea imputado en la pieza del ‘chivatazo’ de la Púnica

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el agente de la Guardia Civil José Luis Caro, condenados a dos y un año y seis meses de cárcel respectivamente por la pieza primera del ‘caso Púnica’, han presentado una denuncia contra David Marjaliza – considerado el cabecilla de la trama de corrupción-; la secretaria de éste, Ana María Ramírez; y Eduardo de la Peña.

En el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, el ex consejero popular atribuye a los denunciados un delito de aprovechamiento de secreto, previsto en el artículo 418 del Código Penal y un delito de revelación de secretos regulado en el artículo 197.3 del C.P, párrafo segundo.

Según expone dicho documento, Francisco Granados llamó por teléfono a su ex socio David Marjaliza para informarle de que estaban siendo investigados por corrupción. El ex consejero popular recibió el chivatazo el día anterior, durante las fiestas de Valdemoro de septiembre de 2014, cuando un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, José Manuel Rodríguez Talamino, le alertó de que estaban vigilando el edificio Éboli donde Marjaliza tenía su despacho. Granados contrastó esta información con el agente José Luis Caro.

Fue entonces cuando Francisco Granados pidió a Marjaliza que destruyera toda la documentación que le relacionaba con sus negocios. El empresario ordenó a una tercera persona (Eduardo de la Peña) que destruyera todos los documentos que había seleccionado previamente. Se deshizo de facturas de compra de regalos, organigramas de las sociedades, nombres de testaferros, contratos de adjudicaciones viciadas… etc.

Además, trasladó la documentación relacionada con cuentas en Singapur y operaciones en Suiza al domicilio de su secretaria Ana María Ramírez. No obstante, estas pruebas incriminatorias fueron halladas por los agentes de seguridad en el registro del domicilio de Ramírez.

Granados expone en la denuncia que David Marjaliza se benefició de la información que él le había aportado -al avisarle de que estaban siendo investigados- y «cometió un delito de aprovechamiento e involucró a su secretaria Ana Ramírez y a Eduardo de la Peña, con el objetivo de quedar impunes y encubiertos».

Por ello, el ex consejero de la Comunidad de Madrid solicita que los tres denunciados sean investigados en la ‘pieza de Talamino’, que ya ha sido condenada en sentencia firme.